Por Rubén D. Arvizu*
Hace más de dos décadas, escribí que pensar que el fin de la Guerra Fría nos había librado de la ruleta rusa nuclear era una ilusión peligrosa. Señalaba entonces que, si bien los proyectiles nucleares y los tratados de desarme acaparaban los titulares noticiosos, la amenaza callada de las instalaciones de energía civil —con sus burocracias, sus falsas promesas de control y la sombra constante de la fatiga tecnológica— pendía sobre nosotros como una espada de Damocles.
Los hechos se empeñan en recordarnos los costos de esa arrogancia. Las grandes catástrofes de la era atómica de uso civil no son advertencias abstractas, sino cicatrices profundas en la historia humana. Desde el colapso parcial en 1979 de Three Mile Island en Estados Unidos, la pesadilla radioactiva en 1986 de Chernóbil, hasta la tragedia de Fukushima en Japón en 2011 —cuyas secuelas continúan liberando y contaminando las aguas del océano Pacífico hasta el día de hoy—, todo indica que, cuando la seguridad nuclear falla, las consecuencias son gigantescas y globales.
Ahora, en su intento por cuadriplicar la producción de energía nuclear para saciar el voraz apetito eléctrico de los centros de datos y el auge desbocado de la inteligencia artificial, la administración de Donald Trump y la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos pretenden dar un enorme golpe a la seguridad radiológica: eliminar el pilar preventivo conocido como ALARA (Tan bajo como sea razonablemente alcanzable, por sus siglas en inglés), que durante 50 años ha minimizado la exposición a la radiación de los trabajadores y el público en todo el mundo.
Quieren que aceptemos ese desmantelamiento regulatorio bajo el eufemismo burocrático de “quitar ambigüedad” y adoptar un “enfoque gradual”. Pero el fondo es de terror. Aunque los límites máximos de dosis sobre el papel no cambien, eliminar el imperativo ético y legal de mantener la radiación lo más bajo posible es básicamente un suicidio. Ejemplos claros son la propuesta de elevar los estándares de emisiones de radionúclidos de 10 a 25 milirem por año, o ignorar el estrés físico y los riesgos reales a los que se exponen los operarios con el fin de acelerar la construcción de nuevos reactores.
La continua amenaza de Trump y sus aranceles hacia Latinoamérica podría hacer que también en las plantas nucleares que existen en esos territorios se baje la guardia. La planta de energía nuclear de Laguna Verde, en Veracruz, ha sido señalada en varias ocasiones por sus cuestionables manejos operativos y por poner en riesgo los vitales ecosistemas de su entorno costero y marino. Relajar los controles es enviar una señal nefasta a la industria internacional, abriendo la puerta a que países en desarrollo sigan el mismo camino de desregulación para complacer los deseos de Trump.
El alimentar algoritmos de inteligencia artificial a costa de debilitar los escudos de protección contra la radiación ionizante es el mayor riesgo para nuestra supervivencia. La energía nuclear no admite atajos ni rebajas en sus exigencias de control; jugar con los márgenes de seguridad es atentar contra la salud de todos los seres vivientes y el delicado equilibrio de la biosfera.
Estos temas —que desgraciadamente a algunos les puedan parecer aburridos o no tan importantes como saber los altibajos de la bolsa de valores o el gol de su equipo favorito— deberían ser discutidos abiertamente por la ciudadanía ya que, al final de cuentas, somos quienes pagaremos las consecuencias de planes hechos sobre las rodillas e intereses bastardos que se sobreponen a los derechos de los que vivimos ahora y de las generaciones futuras.
*Escritor y ambientalista. Director para América Latina de Ocean Futures Society de Jean-Michel Cousteau, y asociado de la Nuclear Age Peace Foundation