Imagine que usted forma parte del Ejército mexicano; que durante años ha enfrentado al crimen organizado, arriesgando la vida en cada operativo, que ha visto caer a compañeros en combate mientras cumplían con el deber de defender al país de quienes siembran violencia y muerte.
Ahora, imagine que un gobernador es señalado por presuntos vínculos con esos mismos grupos criminales. Usted esperaría que fuera investigado y juzgado con todo el peso de la ley, pero ocurre exactamente lo contrario: no sólo permanece libre, sino que usted mismo es obligado a escoltarlo y cuidarlo, mientras él baila y disfruta de una tranquilidad que millones de mexicanos ya no conocen.
Parecería una historia de película de ficción, sin embargo, es la realidad del caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya permanencia bajo el manto de protección del poder federal despierta una pregunta inevitable:
¿Qué sabe Rocha Moya para que el gobierno esté dispuesto a asumir el enorme costo político de protegerlo?
En cuestión de días ocurrieron dos episodios que retratan con claridad la ausencia de instituciones y de justicia que prevalecen hoy en México.
Por un lado, Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Sí, la 4T señalando el huachicol fiscal: el chiste se cuenta solo. Más aún cuando trascendió que un primer juez de carrera rechazó librar la orden de aprehensión, por considerar insuficientes las pruebas presentadas por la fiscalía. Posteriormente, otra juzgadora, ésta de elección, sí concedió la orden solicitada.
Si Ruffo es culpable, que responda ante la justicia. No debería importar el partido al que pertenezca ni el cargo que haya ocupado. Ésa tendría que ser la regla en un Estado de derecho.
El problema aparece cuando esa severidad desaparece tratándose de quienes forman parte del círculo del poder.
Mientras Ruffo enfrenta un proceso judicial, videos difundidos en redes sociales muestran a quien sería Rubén Rocha Moya desplazándose en una camioneta de lujo, escoltado por corporaciones de seguridad, entre ellas el Ejército mexicano.
Poco después aparecieron otras imágenes del gobernador con licencia, bailando y disfrutando de una libertad que contrasta con la gravedad de los señalamientos que pesan sobre él.
Porque cuando el acusado pertenece a la oposición, la justicia parece inmediata. Cuando pertenece al grupo gobernante, predominan la cautela, la paciencia y el beneficio de la duda.
Eso no fortalece al Estado de derecho, lo debilita. Porque la justicia deja de ser tal cuando depende de la cercanía con el poder. La justicia tardía, tampoco es justicia.
Mientras Rocha Moya goza, danza y disfruta, a Ruffo le tocó bailar con la más fea.