Miles de familias mexicanas viven estos días una angustia difícil de nombrar. Sus hijos hicieron un examen en el que se les jugaba, quizá, la única puerta hacia la universidad pública más importante del país. Y ahora no saben si el resultado que obtuvieron —bueno o malo— refleja lo que hicieron ellos o lo que hicieron otros que decidieron burlar el sistema.
Ése es el tamaño del problema que hoy tiene la UNAM entre las manos y, por eso, el rector Leonardo Lomelí tuvo que salir a decir, en un giro que era inevitable, que “todas las opciones están sobre la mesa”. Instaló una Comisión Técnica —encabezada por Eduardo Bárzana, con Eduardo Backhoff entre sus integrantes— y suspendió las inscripciones que debían empezar precisamente este lunes. Bien. Pero el diagnóstico ya está a la vista y conviene decirlo con todas sus letras.
Por primera vez la UNAM aplicó el examen para el sistema escolarizado completamente en línea. Contrató a Territorium Life —se habla ya de un monto de 46 mdp— y confió en un sistema de proctoring con IA que debía vigilar a los aspirantes por cámara mientras respondían. El resultado, en dos frentes:
Uno, la plataforma canceló pruebas por ruido, por apagones, por fallas de internet, por miradas que se desviaron del monitor. Miles de aspirantes honestos perdieron su oportunidad por un algoritmo demasiado estricto o demasiado torpe.
Dos —y este es el escándalo mayor—, los resultados agregados presentan lo que Backhoff describió en una columna reciente como un comportamiento estadístico “profundamente anómalo”: puntajes inflados, distribuciones que rompen con lo que la UNAM ha observado durante décadas, carreras como medicina donde el corte se disparó hasta 120 aciertos, la perfección absoluta. En castellano: hubo trampa masiva. Con IA generativa en un segundo dispositivo, con suplantaciones, con las mil formas de burlar una cámara. Y no fue marginal.
Aquí es donde el nudo se aprieta. Porque la UNAM enfrenta simultáneamente el reclamo de quienes fueron injustamente descalificados por fallas del sistema, la sospecha sobre quienes obtuvieron lugares con puntajes irreales y la angustia de la enorme mayoría —los honestos— cuyo esfuerzo quedó devaluado por el ruido de fondo. ¿Cuáles son las vías de salida? Yo veo, cuando menos, cinco.
Primera. Anular exámenes puntuales cuando exista evidencia individual —grabaciones, patrones de respuesta, tiempos anómalos— de irregularidad. Es lo mínimo. Y también restituir a quienes fueron cancelados por causas ajenas a su conducta.
Segunda. Aplicar una segunda evaluación, presencial, a los aspirantes que hoy figuran con puntajes en las zonas estadísticamente sospechosas, especialmente en las carreras con corte histórico bajo y salto abrupto este año. No repetir todo. Filtrar con evidencia.
Tercera. Ampliar la oferta de lugares —Claudia Sheinbaum ya ofreció el respaldo de la SEP— para absorber al mayor número posible de aspirantes bien evaluados. La expansión no arregla la trampa, pero mitiga el costo humano y le da a la universidad un margen político para actuar con firmeza.
Cuarta. Regresar el examen presencial en 2027. La modalidad en línea no está lista para un proceso con esta carga social.
Quinta —y quizá la más importante—. Revisar el contrato con Territorium Life y las cláusulas de compensación por vulneración del sistema. Delegar a un tercero, sin candados suficientes, el proceso más sensible que la universidad organiza cada año, es una decisión que amerita explicación pública. La UNAM tiene, dentro de sí, capacidad técnica de sobra para hacerlo. La pregunta no es si podía, es por qué no quiso.
Hay una tentación institucional que la UNAM no puede permitirse: dar vuelta a la página con un comunicado. La legitimidad de un ingreso, cuando ya está sembrada la duda, no se recupera con matemáticas psicométricas. Se recupera con decisiones visibles, ejemplares y, sobre todo, incómodas para quienes tomaron los atajos.
Alejandro Magno cortó el nudo gordiano de un tajo. A la UNAM no le tocará algo tan poético. Le tocará algo peor y más largo: reconstruir, aspirante por aspirante, la confianza en que su nombre —el más venerado del sistema educativo mexicano— sigue siendo sinónimo de mérito.