El diseño del andamiaje social de la llamada Cuarta Transformación apostó su viabilidad histórica a un pilar indiscutible: los programas sociales y, en particular, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Convertido en un derecho constitucional universalizado a partir de los 65 años, este programa se transformó rápidamente en la piedra angular de un proyecto político: saldar una deuda histórica con los sectores más vulnerables de la población y, simultáneamente, asegurar la lealtad de los recipientes con el partido oficial.
No se puede regatear su impacto inmediato. En un país donde la informalidad laboral condena a cerca de 55% de la fuerza de trabajo a una vejez desprotegida, la inyección directa de estos recursos permitió amortiguar la precariedad y lograr un recorte tangible en los indicadores de pobreza.
Sin embargo, la generosidad de la política social requiere un motor económico que la financie, y es ahí donde el panorama genera dudas sobre su sostenibilidad. La realidad macroeconómica de México muestra un preocupante estancamiento: el PIB del primer trimestre de 2026 creció sólo 0.2% en términos anuales y se contrajo 0.8% respecto al trimestre anterior.
El debilitamiento de la actividad productiva ocurre en un entorno de alta incertidumbre global y presiones comerciales vinculadas a la revisión del T-MEC, además de factores locales como incertidumbre jurídica e inseguridad pública, lo cual frena la inversión privada que el país necesita con urgencia.
Con una economía que apenas se mueve, la brecha entre los ingresos públicos y los compromisos de gasto adquiridos se ensancha peligrosamente. El gran problema radica en la velocidad con la que se ha disparado el gasto en pensiones en comparación con otros rubros esenciales del presupuesto federal.
Al haberse elevado sustancialmente los montos y el número de beneficiarios, las pensiones no contributivas (Adultos Mayores y Mujeres Bienestar) devoran los márgenes de maniobra de las finanzas públicas, aumentando su peso presupuestal para representar 6% del PIB en 2026, según estimaciones de la OCDE. Este crecimiento exponencial ha generado un severo efecto de desplazamiento sobre otras prioridades nacionales.
De acuerdo con datos del IMCO, en el primer trimestre del año el espacio fiscal del gobierno federal –los recursos disponibles para financiar funciones sustantivas, una vez cubiertos los gastos obligatorios– se redujo a sólo 38.9 por ciento.
Mientras el gasto social se expande, sectores críticos como salud, educación, seguridad pública y construcción y mantenimiento de la infraestructura sufren recortes o congelamientos de facto. Prácticamente cada peso adicional obtenido por las arcas públicas ya nace preasignado para cubrir el pago de las pensiones y el costo de la deuda que alcanzó su nivel más alto en tres décadas.
Financiar un derecho universal de base demográfica creciente con los impuestos de una economía semiestancada e informal es una ecuación matemática inviable. México ostenta la relación impuestos-PIB más baja de toda la zona OCDE, lo que significa que el Estado carece de una base tributaria sólida y diversificada para sostener un esquema de transferencias de esta magnitud.
El bono demográfico mexicano se está agotando con rapidez y la tasa de dependencia de la vejez aumentará aceleradamente hacia 2030, multiplicando la cantidad de beneficiarios a un ritmo muy superior al de la recaudación fiscal formal.
Al final del día, la encrucijada es tan clara como dolorosa. Si bien esta transferencia directa ha cumplido con el propósito explícito de mitigar la pobreza y redistribuir el ingreso, la ausencia de una reforma fiscal integral y el persistente estancamiento productivo demuestran que no se trata de un ingreso sostenible en el tiempo.
La política social no puede sustituir permanentemente al crecimiento económico ni a la creación de empleo formal. Sin un cambio de rumbo que amplíe la recaudación y dinamice la inversión, la piedra angular de la Cuarta Transformación corre el riesgo de convertirse en el lastre financiero que comprometa la estabilidad de las próximas generaciones.