La política suele medirse por la capacidad de sus instituciones para purgar sus propios errores, y en este espejo, la comparación entre el Reino Unido y México resulta desoladora.
Mientras en Londres el gobierno de Keir Starmer se tambalea bajo el peso de la responsabilidad política, en México la impunidad parece ser el sello distintivo de la casa. El contraste es brutal: en Downing Street caen cabezas por una mala recomendación diplomática; en Palacio Nacional y en las oficinas de Morena impera el silencio sepulcral ante el estrepitoso colapso ético que representa la designación de Diego Rivera Navarro como candidato de Morena a alcalde de Tequila.
En Reino Unido, la crisis por el “caso Epstein” ha escalado hasta el corazón del poder. La designación de Peter Mandelson como embajador en Washington, a pesar de sus vínculos conocidos con el depredador sexual Jeffrey Epstein, no sólo terminó en su despido, sino que provocó una reacción en cadena de rendición de cuentas.
En apenas unas horas, Morgan McSweeney, el influyente jefe de gabinete del primer ministro, y Tim Allan, su director de comunicaciones, tuvieron que presentar sus renuncias. McSweeney no buscó excusas: asumió la “total responsabilidad” por haber aconsejado dicho nombramiento. Existe allá un costo por el error, una factura que se paga cuando el juicio político falla y se compromete la integridad del Estado.
En México, el guion es opuesto. La reciente detención de Rivera Navarro, el alcalde morenista de Tequila, Jalisco, ha destapado una cloaca de extorsiones a empresas, vínculos con el crimen organizado e incluso acusaciones de secuestro y tortura contra sus propios compañeros de partido, cometidos en apenas 16 meses en el cargo. Sin embargo, ¿quién se hace responsable? Nadie. Morena lo postuló a sabiendas de sus antecedentes y de las señales de alarma que ya existían. Hoy, los mismos dirigentes que le levantaron la mano y posaron para la foto en campaña parecen haber sufrido una amnesia colectiva. Se deslindan con la rapidez de quien se sacude el polvo, bajo el gastado mantra de que “nadie está por encima de la ley”, pero evaden la pregunta fundamental: ¿Quién validó su perfil? ¿Dónde están los responsables de los procesos de selección que permiten que personajes de esta calaña lleguen a las boletas?
La diferencia radica en la cultura de la consecuencia. En la democracia británica, el error de juicio de un asesor es suficiente para terminar con su carrera, pues se entiende que el servicio público exige una vigilancia extrema sobre con quién se pacta y a quién se promueve. En la política mexicana, y específicamente en la dinámica interna de Morena, la lealtad y el cálculo electoral parecen anular cualquier filtro ético. No hay dimisiones en la dirigencia nacional ni estatal por haber entregado un municipio a un perfil criminal. No hay explicaciones sobre cómo se ignoraron las denuncias previas de regidoras y empresarios. Total, cuando las cosas explotan en la opinión pública, siempre se puede recurrir al gastado recurso de culpar al pasado neoliberal.
Mientras Keir Starmer pide disculpas públicas y ve cómo su círculo más cercano se desintegra por la sombra de Epstein y Mandelson, en México el oficialismo apuesta al olvido. La Operación Enjambre capturó al alcalde, pero la justicia política sigue pendiente. Si en Londres la responsabilidad es un deber que se asume con la renuncia, en México es una papa caliente que se lanza al vacío. La pregunta sigue en el aire: ¿Cuándo veremos en nuestro país que un dirigente asuma la culpa por haber abierto las puertas del poder a la delincuencia? Por ahora, la respuesta es un silencio que aturde y que confirma que, a diferencia del Reino Unido, aquí la vergüenza política no cuesta el puesto.