¿Qué tienen en común Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo; Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Armada de México; Édgar Rodríguez Ortiz, El Limones, y Jacobo Reyes León, El Yeicob?
Para comenzar, son vecinos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, El Altiplano. Pero, más importante, son actores de reparto de las tramas de corrupción que han venido a contaminar la fábula del pañuelito blanco, la narrativa del oficialismo de que la comisión de ese delito terminó hace siete años, el 1 de diciembre de 2018, día uno de la Cuarta Transformación.
Claro, el oficialismo ha buscado la manera de voltear esa historia a su favor. “Nosotros los detuvimos”, alegan sus voceros. Y, en parte, eso es cierto. El problema es que a esa versión le falta el complemento: descargar la culpa en estos cuatro personajes permite que los verdaderos beneficiarios de la corrupción no sean exhibidos y con ellos caiga la ilusión de que la deshonestidad se desarraigó.
¿O a poco Bermúdez Requena, detenido en Paraguay, se impuso él solo como secretario de Seguridad Pública de Tabasco? ¿En verdad nunca contó con el apoyo de autoridad alguna para operar como jefe de la organización criminal La Barredora? ¿Nadie revisó sus antecedentes, registrados en expedientes oficiales desde los tiempos de la Dirección Federal de Seguridad, según pudo documentar Excélsior? ¿Nadie compartió con sus jefes la información que estaba en manos de la inteligencia militar y que lo señalaba como líder de un grupo delincuencial que cometía extorsiones, secuestros, robo de combustible, asesinatos, torturas y otros delitos, al mismo tiempo en que fungía como servidor público? ¿Por qué el día de su remoción fue felicitado por su labor y pasó un año antes de que se le solicitara a un juez que le girara una orden de aprehensión?
¿En verdad quieren que creamos que el vicealmirante Farías tejió, junto con su hermano Fernando —aún prófugo de la justicia—, la red de corrupción más lucrativa en la historia del país, que generó un boquete en las finanzas públicas de 600 mil millones de pesos, de acuerdo con la procuradora fiscal de la Federación, y que nadie arriba de su rango les ayudó? ¿Que en una estructura tan jerárquica ningún superior estuvo al tanto? ¿Que el negocio ilícito del huachicol fiscal le pasó por las narices al tío político de los hermanos Farías, quien despachaba como secretario de Marina, y nunca se enteró? ¿Que el entonces Presidente de la República, quien, a decir suyo, siempre sabía todo, fue engañado? ¿Que ni un peso de aquellas ganancias ilegales paró en los bolsillos de alguien por arriba de su grado?
Quizá quieren que olvidemos que Édgar Rodríguez Ortiz aparecía en fotos con los dirigentes del sindicato favorito de la Cuarta Transformación, vestido con ropa que llevaba el emblema de la organización, en la que nadie más tuvo noticia de los actos de extorsión que practicaba en la Comarca Lagunera. Hechos que, por cierto, llevaban meses denunciando los ganaderos de Coahuila y Durango. “No, ¿cómo cree? Ese señor no es parte de nosotros, ni lo conocíamos”, repiten para ahuyentar a los mal pensados. Claro, ese Limones, igual que sus compañeros de celda, manejaba todo el bisne, él solito. E igual que ellos, cargará con las culpas, para que no se vaya a pensar que el dinero mal habido llegaba más alto.
Y, finalmente, está El Yeicob, excandidato del PRD a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, quien decía, en la campaña de 2021, que ese municipio mexiquense se pintaría de amarillo, aunque al final acabaría ganando la contienda el aspirante del PRI. Pero parece que Jacobo Reyes León encontró mejores maneras de hacer dinero que trabajar de presidente municipal, y se ligó con el dueño de la marca del principal concurso de belleza del mundo —quien, fíjese usted qué casualidad, se benefició de contratos de Pemex, mientras trabajaba allí el papá de quien resultó ganadora de la edición más reciente del certamen—, y hoy está acusado de lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de armas y narcotráfico.
Cuatro segundones a los que les caerá todo el peso de la ley, para que los verdaderos beneficiarios libren los señalamientos y no salpiquen de inmundicia el cuento de hadas de que primero los pobres.