Ombudsmomia

A juzgar por los hechos de los últimos cinco años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estaba destinada a convertirse en actor fundamental de la agenda pública.

Durante el lapso en que el organismo ha sido presidido por Rosario Piedra Ibarra, desaparecieron más de 50 mil personas, cuyos seres queridos han sido dejados a su suerte por las autoridades para buscarlos, incluso a riesgo de su propia vida.

Asimismo, pasó por territorio nacional la mayor oleada de migrantes de que se tenga memoria y ocurrió uno de los sucesos más graves que los haya involucrado: el incendio de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, que dejó 40 personas muertas, sin que esto diera lugar siquiera a la renuncia del funcionario responsable.

El gobierno federal adoptó una política de seguridad pública que renunció explícitamente a combatir a grupos delictivos —abrazos, no balazos—, cuyos actos violentos han estado detrás de la mayor cifra de homicidios dolosos y desapariciones que se haya presentado en un mismo sexenio.

Dicha indolencia ante las conductas criminales llevó también al crecimiento exponencial de extorsiones a negocios y asaltos al transporte de carga, responsables de una parte de la inflación que ha deteriorado el poder adquisitivo.

Se amplió el catálogo de delitos por los que alguien puede ser sujeto de prisión preventiva oficiosa, a pesar de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado mexicano retirar de su legislación dicha medida cautelar y a pesar de que las cárceles están pobladas principalmente por internos sin sentencia. 

Se llevaron a cabo obras de infraestructura sin manifiestos de impacto ambiental —a pesar de que éstos eran obligatorios—, las cuales provocaron daños irreversibles al entorno, como la alteración de ríos subterráneos, y a actividades económicas locales, como la pesca, además de contaminación, deterioro de caminos e inundaciones. 

El país fue azotado por una pandemia, que provocó que centenares de miles de personas murieran, por causas directas e indirectas, o quedaran con secuelas, debido principalmente a una estrategia sanitaria gubernamental deficiente, que incluyó malas recomendaciones para los pacientes y el personal de salud encargado de atenderlos.

En la educación pública también hubo pérdida de derechos, pues las autoridades dejaron de prestar servicios, como las guarderías subrogadas y la reparación y mantenimiento de las escuelas —los cuales fueron reemplazados por pagos “directos” que muchas veces no llegaron a sus beneficiarios—.

Además, la pandemia hizo que aumentara el rezago educativo y la deserción escolar, sin que haya habido un programa específico para atenderlos. Por cierto, en 2012, el gobierno “neoliberal” gastaba 3.4% del PIB en educación y 1.9% en intereses de la deuda. Hoy, esos porcentajes se han revertido, pues son 2.9% y 3.7%, respectivamente (datos de Mariana Campos, directora de México Evalúa).

La anterior es una lista incompleta de potenciales violaciones a los derechos humanos en cuya denuncia debió haber estado presente y activa la CNDH. Sin embargo, en lugar del acompañamiento a las víctimas, Piedra Ibarra optó por ideologizar el papel del organismo y convertirse en tapadera del gobierno, como también sucede ahora mismo con su silencio ante la reforma judicial.

Ha sido evidente que la autodenominada Cuarta Transformación hizo de la CNDH una excepción dentro de su cruzada por acabar con los organismos constitucionales autónomos. Es bastante obvio que, como la ha controlado desde 2019, no le interesa acabar con ella, como sucede con otros, como el Inai.

Ahora que se termina el periodo de la ombudsperson (es un decir), el oficialismo, incluso está contemplando que Piedra Ibarra continúe al frente de la institución. En realidad, da lo mismo quién quede como titular, pues mientras su presidencia esté capturada por Morena y sus adláteres, la CNDH seguirá en su actual proceso de momificación, costando dinero al erario y sin defender a las víctimas.