La salud de una democracia no se mide únicamente por la solidez de sus instituciones o la participación en las urnas, sino también por el respeto que se le tiene a la esfera pública. Cuando el escándalo se convierte en la moneda de cambio de la política, el tejido social comienza a degradarse.
El escándalo no es simplemente una anécdota incómoda o un chisme de pasillo; es una fuerza corrosiva que desvía la atención de lo fundamental y erosiona la confianza ciudadana y, cuando no es castigado, manda la señal de que cualquier exceso es válido.
Octavio Paz decía que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia.
Por eso, cuando los espacios que albergan esa historia se profanan con la trivialidad, se pierde el sentido de lo que nos une como colectividad.
No es cuestión de puritanismo, sino de dignidad republicana. Las instituciones son símbolos que encarnan la historia y la soberanía de un pueblo; cuando se les trata con ligereza, se está agrediendo la identidad misma de la nación.
Un ejemplo histórico de cómo el escándalo puede socavar la autoridad es el “Asunto del collar” en la Francia de María Antonieta. Aunque la reina fue en gran parte víctima de un fraude, el escándalo fue suficiente para destruir la poca legitimidad que le quedaba a la monarquía ante los ojos del pueblo. El escándalo comunica algo que a veces queda oculto entre las cifras económicas: desprecio por el cargo y por los gobernados.
En el contexto contemporáneo, hemos visto cómo líderes de diversas latitudes han caído no por sus políticas, sino por la percepción de que consideran el espacio público como su patio privado.
El sociólogo estadunidense Neil Postman advirtió mucho antes del advenimiento de las redes sociales que nos estamos “divirtiendo hasta morir”, sugiriendo que la banalización de la información convierte la política en una rama del entretenimiento. En la vida pública, el escándalo funciona como un distractor potente: mientras la opinión pública se enreda en la indignación del momento, las discusiones de fondo sobre la justicia, la economía y la seguridad quedan relegadas.
México no es ajeno a tragedias y negligencias. A lo largo de nuestra historia, la vida pública ha sido sacudida por eventos verdaderamente graves, provocados por acciones y omisiones de las autoridades en turno que han dejado heridas profundas en la sociedad. Desde represiones hasta descuidos que han costado vidas, el inventario de agravios es extenso. Sin embargo, no por existir tragedias mayores debemos normalizar la falta de respeto a los símbolos nacionales.
En este contexto, el asunto de la mujer que fue captada recientemente asoleándose las piernas en una ventana de Palacio Nacional es un hecho profundamente escandaloso.
Lo es en sí mismo porque muestra un uso desparpajado de un edificio que no es un balneario ni una residencia de descanso, sino el símbolo máximo de la nación y sede del Poder Ejecutivo.
Ver convertido en un solárium improvisado el monumento histórico que ha sido testigo de los momentos más definitorios de nuestra patria —el lugar donde, por ejemplo, expiró Juárez y donde apresaron a Madero y Pino Suárez antes de asesinarlos—, denota una preocupante pérdida de la solemnidad y el respeto que el cargo exige.
Pero el escándalo no termina en la imagen misma. Se vuelve doblemente grave porque, ante la evidencia, el oficialismo optó por la ruta de la posverdad. Al asegurar de forma categórica que los videos y fotos que circulaban en redes sociales eran fabricaciones de la inteligencia artificial, le mintió deliberadamente a la opinión pública.
Este intento de manipular la percepción ciudadana es síntoma de una política que prefiere negar la realidad antes que asumir la responsabilidad de sus descuidos. Cuando la autoridad miente sobre lo que es obvio a los ojos de todos, rompe el contrato básico de veracidad con el ciudadano.
El escándalo de la ventana no es sólo una anécdota de mal gusto; es el reflejo de una gestión que confunde lo público con lo privado y la verdad con la conveniencia.