El no-podía-saberse de la elección judicial

Ya sea que la defiendan por convicción genuina, conveniencia egoísta o simple compromiso, los partidarios de la reforma judicial no pueden alegar que nadie anticipó los serios peligros que entrañaba esta transformación y que ya comenzaron a materializarse a poco más de un mes de que se lleve a cabo la elección de juzgadores.

El reconocimiento por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de que entre los tres mil 400 aspirantes que buscan un cargo en el nuevo Poder Judicial hay casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad –por haber sido defensores de narcotraficantes, entre otros motivos– da la razón a quienes señalaron que la reforma corría el riesgo de poner la administración de justicia al servicio de intereses creados.

“Lo que la iniciativa propone, en pocas palabras, es pasar de un (muy) imperfecto proceso de designación, que no necesariamente garantiza la imparcialidad y el mérito de las personas nombradas, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la partidización de la judicatura”, opinó el especialista Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su análisis La elección popular de los poderes judiciales en México: breve radiografía del Plan C, publicado en junio de 2024, cuando aún faltaban tres meses para que la iniciativa fuera aprobada por el Congreso de la Unión.

En otro balance, dado a conocer ese mismo mes, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que la elección popular de personas juzgadoras “representa riesgos en términos de posibles influencias indebidas de intereses privados y del crimen organizado”.

Luego que organizaciones sociales y civiles acusaran la existencia de aspirantes relacionados con narcotraficantes, Fernández Noroña admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló. Sin embargo, en lugar de aceptar la responsabilidad de los comités de evaluación de los tres Poderes, el líder senatorial quiere que sea el Instituto Nacional Electoral el que revise si esos aspirantes cumplen con los requisitos constitucionales, cuando las campañas llevan más de tres semanas de haberse iniciado.

Con toda razón, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, le respondió que esa era función de los comités de evaluación. Explicó que el papel del instituto se limita a recibir y registrar las candidaturas que le son entregadas por el Senado, luego de ser evaluadas por comités establecidos por la ley.

La elección rechina y eso que apenas estamos ante uno de tantos efectos negativos que habían advertido los expertos: la posibilidad de que candidatos con vínculos delincuenciales ganen posiciones en los comicios del 1 de junio.

Todavía falta saber qué sucederá con los evidentes intereses partidistas que ha puesto en juego la reforma, los cuales, de concretarse, podrían dar al traste con la independencia del Poder Judicial.

Asimismo, que ante una elección que nunca ha sido una exigencia ciudadana, la participación en el proceso resulte bajísima, subrayando el desperdicio de recursos públicos en momentos en que las finanzas del país pasan por un fuerte estrés.

¡Cómo se van a extrañar los recursos despilfarrados en este experimento cuando la contracción económica –que todo mundo espera, menos el gobierno– encoja los ingresos públicos! 

El oficialismo puede seguir desechando todas esas señales de peligro, con la desfachatez y arrogancia de una mayoría que se siente imbatible e intocable, pero difícilmente podrá esquivar el golpe de realidad que se le viene encima, pues la obstinación por elegir a los jueces, sin reparar puntualmente en la conveniencia de hacerlo, es una de las razones que tiene detenida la inversión en el país y que podría estallarle al gobierno en las manos cuando llegue el momento de renegociar el T-MEC y nuestros socios comerciales nos recuerden que contar con un Poder Judicial autónomo e imparcial, que dé garantías a las empresas, es condición de ese tratado.