Las cien horas que exhibieron a la 4T

Pascal Beltrán del Río

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

En su libro El jefe de la banda, José Elías Romero Apis cuenta la siguiente historia:

“Era Jesús Reyes Heroles el secretario de Gobernación. Uno de los estados tenía como gobernador a un individuo con peso político propio, derivado de su riqueza personal, de su liderazgo regional y de su posicionamiento nacional. Sucedió que a este gobernador se le señaló como responsable del asesinato de algún opositor en su entidad. Reyes Heroles, no sé con qué datos, justos o injustos, lo supuso culpable.

“Lo llamó por la telefonía oficial privada y, con vocabulario veracruzano, le dijo directamente: ‘Óyeme, pendejo, ¿ya se te olvidaron las reglas de Calles o todos vamos a volver a andar matándonos? Necesito verte con urgencia’. Con cierto cinismo, aquel contestó: ‘Sí, cómo no, Chucho. Cuando ande por la capital, si me sobra algo de tiempo, te doy una vuelta”.

“Ya bien enojado, don Jesús reviró: ‘Mira, hijo de la chingada, en estos momentos está despegando mi avión. Tienen órdenes de traerte vivo o muerto. Así que, acércate a tu aeropuerto, porque te quiero ver dentro de dos horas’.

“Sobra decir que, para la hora prevista, el prepotente gobernador e insolente cacique esperaba, humildemente, en la antesala del más importante vecino de la avenida Bucareli”.

El contraste entre aquel episodio y el reciente acto de rebeldía protagonizado por Marx Arriaga es apabullante. Sin tener —ni de lejos— el poder de los gobernadores en los tiempos del PRI hegemónico, Arriaga, un funcionario de cuarto nivel, se amotinó durante cien horas, dejando en entredicho el supuesto logro de la 4T de haber “recuperado la rectoría del Estado”.

Al ver destacado el asunto en la página web del diario británico Financial Times, el martes, no pude dejar de pensar en las empresas que aún tienen confianza de invertir en este país, creyendo que, en caso de un conflicto orquestado o, peor aún, de un acto de extorsión por parte de delincuentes, siempre podrán contar con el respaldo de las autoridades mexicanas, quienes sabrán eliminar rápidamente las amenazas.

El affaire Marx Arriaga debe haber sido interpretado —dentro y fuera de México, lo mismo entre aliados que entre adversarios— como prueba de que se puede retar al gobierno y éste se quedará pasmado.

El estilo de gobernar que se impuso desde el sexenio pasado creó una Presidencia renuente a dejarse asesorar y a crear pararrayos que puedan atajar los problemas e impedir que éstos terminen estallando en Palacio Nacional.

Es un estilo unipersonal que lleva a creer que quien porta la banda tricolor es una fuente inagotable de sabiduría y una persona con capacidad ilimitada para resolver cualquier problema. Por citar un solo ejemplo de esa suficiencia, el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra cuenta en su libro que Andrés Manuel López Obrador decía que los diputados y senadores “no sirven para nada”.

El problema es qué sucede cuando quien manda da una orden y ésta no tiene consecuencias. Podemos imaginar que la instrucción para que Arriaga dejara su cargo en la SEP no la dieron ni la subsecretaria Noemí Juárez ni el secretario Mario Delgado, sino que vino de más arriba. Al no haber podido éstos sacar adelante la encomienda —por falta de capacidad— y al no haber renunciado ante el fracaso —por falta de dignidad—, ambos dejaron que la bomba política explotara en las manos de la Presidenta.

Mientras en la página del Financial Times aparecía la imagen del funcionario mexicano que no se había cambiado de ropa en cuatro días, seguro de que nadie iba a desalojarlo de su plantón, las otras notas internacionales que desplegaba el medio se referían a cómo China movía a decenas de millones de viajeros de Año Nuevo en trenes de alta velocidad y cómo la primera ministra japonesa estrenaba su poder ampliado anunciando reformas a la Constitución, entre otras cosas.

Mientras el mundo atestigua el despegue espectacular de la inteligencia artificial, en México la nota es que un señor llamado Marx puso de rodillas al Estado mexicano, negándose a cambiar los errores y omisiones en unos libros de texto gratuitos que ni los maestros quieren usar.

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