Para abrir boca

Dicen que mal comienza la semana a quien ahorcan en lunes.

Con el arranque del año han llegado dos malas noticias —una nacional y otra internacional— que si bien no podemos asegurar que sean el augurio de lo que nos espera en 2016, sí se antoja que puedan tener consecuencias negativas a lo largo de las semanas e incluso los meses por venir.

Hablo del asesinato de una alcaldesa de la zona conurbada de Cuernavaca, y del conflicto diplomático que ha estallado entre las dos principales potencias políticas y religiosas del mundo islámico: Arabia Saudita e Irán.

Vayamos primero al plano nacional.

Garantizar la seguridad de los alcaldes es uno de los grandes pendientes del Estado mexicano.

De 2008 a la fecha, más de treinta presidentes municipales han sido asesinados. Los motivos, generalmente ligados al crimen organizado.

Sólo en Michoacán se registran en ese lapso los homicidios de seis alcaldes: Villa Madero, Vista Hermosa, Tancítaro, La Piedad, Santa Ana Maya y Tanhuato.

También han sido asesinados ediles en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, México, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas.

Si incluimos en la lista a exalcaldes, alcaldes con licencia, candidatos a alcaldes y alcaldes electos, así como comisarios, síndicos, regidores y directores de seguridad pública municipal, el número fácilmente rebasa el centenar de funcionarios.

Si le sumamos atentados o amenazas documentadas contra políticos del ámbito municipal, la cuenta se eleva mucho más.

El primer piso de la organización política del país ha estado y está en grave riesgo ante la embestida del crimen organizado. El municipio está indefenso ante delincuentes que tienen bajo amenaza a su estructura administrativa y usan su territorio como base operativa o coto de poder.

Como una forma de apuntalar a las débiles policías municipales, hace ya años surgió la propuesta de crear mandos únicos de seguridad pública en los estados, pero éstos no han podido concretarse legislativamente y han tenido que avanzar por la vía de acuerdos entre los ayuntamientos y los gobiernos estatales, no siempre exentos de trabas.

Eso, justamente, se debatía en Morelos, cuando Gisela Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco, fue asesinada a las puertas de su domicilio, un día después de tomar las riendas del municipio.

Por intereses enfrentados o franca incompetencia, la clase política no ha podido encontrar una solución para proteger a los ciudadanos de la arremetida de los criminales contra las instituciones, sobre todo las del nivel municipal, donde sigue viva la disyuntiva de plata o plomo.

En el plano internacional, el enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán debiera prender alarmas.

Cada una de esas naciones asiáticas, separadas por el Golfo Pérsico, es punta de lanza de una de las dos grandes ramas del Islam: la sunita y la chiíta.

Desde hace décadas, ambas naciones se han confrontado por sus aspiraciones a encabezar la fe islámica y sus intereses geopolíticos.

La creciente influencia de Irán sobre varios países de la región –Siria, Líbano, Bahréin e Irak— ha incrementado las tensiones entre ambos países, luego de que en 2007 la relación parecía haber llegado a un punto de entendimiento.

A raíz de la llamada Primavera Árabe se han exacerbado los conflictos entre sunitas y chiítas en diferentes países, seguramente alentados desde Riad y Teherán. Por ejemplo, la guerra civil en Siria ha sido un cruento campo de batalla entre los dos bandos.

En ese contexto surgió la organización Estado Islámico (EI), de filiación sunita, que tiene como uno de sus objetivos la aniquilación de los chiítas.

Muchos observadores creen que el EI difícilmente hubiera podido armarse sin la ayuda de grandes centros de poder sunita en el Golfo Pérsico.

El 2 de enero, Arabia Saudita e Irán entraron abiertamente en pugna por la ejecución, en el primer país, del clérigo chiíta Nimr al-Nimr. Desde entonces, la embajada saudita en Teherán fue incendiada y saqueada y se rompieron las relaciones diplomáticas.

Por todas las repercusiones —religiosas, económicas y políticas— que potencialmente tiene este conflicto, no debemos perderlo de vista.