Reforma Eléctrica, clave para la soberanía nacional

Si bien es cierto que la propuesta de reforma eléctrica pasará forzosamente por la negociación y el acuerdo político con los actores de la oposición, también es cierto que el PRI, el PAN, el PRD y MC estarán frente a una disyuntiva: garantizar la soberanía nacional o dar el control de los energéticos a los extranjeros.

De ese tamaño es la decisión que se habrá de tomar en torno a la reforma eléctrica, por ello, debe existir responsabilidad no sólo política, sino social de todos los integrantes del Congreso de la Unión, porque la definición será: porque el Estado asuma el control de la transición energética o dejársela en manos de los privados.

La reforma eléctrica plantea regresarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la rectoría del Centro Nacional de Control de Energía, con el principio constitucional de que la electricidad que produce el Estado y las empresas privadas sea distribuida y comercializada únicamente por la CFE.

Resulta por demás inverosímil que la CFE subsidie a las generadoras de energía privadas y no tenga el control del suministro y venta del energético. Por si fuera poco, es un crimen presupuestal que la CFE pague a los privados por la capacidad de infraestructura instalada, generen o no generen electricidad.

Las reformas a las leyes secundarias impulsadas por Carlos Salinas de Gortari y las reformas constitucionales de Enrique Peña Nieto han pretendido, por 33 años, desmantelar y desaparecer a la CFE. Con las reformas de Andrés Manuel López Obrador se frenará esa intentona que vulnera la soberanía del país, porque se trata de una empresa estatal estratégica para el desarrollo y futuro del pueblo de México.

La energía eléctrica no se nacionaliza ni se estadiza, porque las empresas privadas que actualmente producen electricidad (hasta 44 %) podrán seguir haciéndolo, sólo que estarán obligadas a vendérsela a la CFE, quien deberá de recobrar el control de la distribución y comercialización por un solo interés, la soberanía nacional.

Se tiene que garantizar el control de la energía eléctrica por parte del Estado para evitar que las tarifas por consumo de energía no se eleven y se conviertan en cuotas impagables, como ha sucedido en distintos países donde la energía eléctrica esta privatizada.

Por el bien de la nación se debe dejar de ver a la energía eléctrica como una mercancía para empezarla a percibir como un derecho humano y como un derecho social, porque de este servicio depende en gran medida el desarrollo del país y el futuro de las próximas generaciones de mexicanos.

                *Senadora por Morelos