Hay que ponerles precio a las emisiones del transporte marítimo

Por Shania Scotland*

Para la mayoría de la gente, la idea de perder todo de repente –casa, posesiones y hasta parientes y amigos– es impensable. Pero, para las comunidades insulares, esta idea es demasiado real. Y en tanto se intensifican los efectos del cambio climático –entre ellos los desastres naturales más frecuentes y severos y los eventos climáticos extremos–, la amenaza se está tornando cada vez más aguda.

Hace siete años, mi hogar, el pequeño país insular de Dominica, fue azotado por el huracán María –categoría 5, que causó pérdidas y daños catastróficos de los cuales todavía nos estamos recuperando–. Otros dos países insulares, San Vicente y las Granadinas y Granada, fueron víctimas de una tragedia similar el verano pasado, cuando el huracán Beryl, una tormenta de categoría 4 arrasó el mar Caribe y el golfo de México. 

Los huracanes son una característica de la vida en el Caribe, pero María y Beryl no fueron comunes: María causó precipitaciones que batieron récords, y Beryl fue el primero en la historia en alcanzar la categoría 5 en el océano Atlántico. Los científicos coinciden en que el cambio climático alimentó estos desastres y ha hecho que más tormentas se vuelvan mucho más factibles.

Vale la pena repetir que los países que son más vulnerables al cambio climático –especialmente los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS, por su sigla en inglés), como Dominica, San Vicente y las Granadinas y Granada– muchas veces son los que menos incidencia han tenido. Como resultado de ello, tenemos poco poder para mitigar el cambio climático directamente, por ejemplo, reduciendo nuestras propias emisiones (que ya son bajas). Pero sí podemos contribuir a superar el desafío. La clave es trabajar mancomunadamente para obligar a los grandes contaminadores a cambiar su comportamiento. 

Hay pocos contaminadores más grandes que la industria naviera. El transporte marítimo no sólo es responsable de alrededor de 3% del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), también contamina los océanos con aguas residuales, plásticos, petróleo y productos químicos. Causa serios perjuicios para la salud humana, especialmente para las comunidades portuarias de bajos ingresos en los países en desarrollo. Se calcula que los contaminantes de los barcos causan más de 250 mil muertes prematuras al año.

Una industria naviera que funcione bien es esencial para la economía global y para la vida en los SIDS. Los barcos trasladan alrededor de 80% de los productos comercializados a nivel mundial. En el caso de Dominica, son todos los productos vitales, desde alimentos y herramientas hasta suministros médicos. El transporte marítimo también facilita el turismo, sustento de muchas personas en nuestra isla. Si bien este tipo transporte es esencial, también lo es reducir la contaminación asociada. Por eso el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en mayo emitió una opinión consultativa sin precedentes, diciendo que los países están legalmente obligados a recortar las emisiones, inclusive del transporte marítimo, para proteger el océano.

Ponerles precio a las emisiones de GEI de la industria sería un gran avance para lograr ese objetivo. Exigir que las empresas navieras paguen por cada tonelada de emisiones de sus barcos aumentaría el costo de utilizar combustibles fósiles, acelerando el cambio hacia fuentes de energía limpia.

Con base en un estudio reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, un impuesto de estas características perjudicaría menos a la economía global que otras estrategias para descarbonizar el transporte, como una norma de combustibles limpios. Y si los ingresos generados se dirigen hacia las economías en desarrollo, el sobrecargo podría reducir la desigualdad global. Esos ingresos serían sustanciales: según el Banco Mundial, un impuesto de 150 dólares por tonelada generaría 60 mil-80 mil millones de dólares por año.

Para países como Dominica, una política de este tipo sería un punto de inflexión. Reduciría la contaminación de los barcos que vienen a nuestras costas, haría que los puertos y cadenas de suministro fueran más resilientes a los niveles crecientes del mar y a eventos de clima extremo, favorecería una transición energética justa y respaldaría el progreso en cuanto a los ODS.

Una oportunidad ideal para acelerar el progreso está por ocurrir en Londres. Entre el 23 de septiembre y el 24 de octubre, la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas (OMI) y sus 175 Estados miembro intentarán llegar a un acuerdo sobre un conjunto de políticas para reducir las emisiones del transporte marítimo, inclusive alguna forma de tarifa para emisiones, a adoptarse en abril de 2025.

En las negociaciones, los SIDS deben mantenerse unidos para garantizar que el impuesto sea lo suficientemente alto y los ingresos se distribuyan equitativamente. Una mayoría creciente de naciones quiere que la OMI adopte un mecanismo impositivo, pero otros, como Brasil y China, se resisten.

Belice y los Estados insulares del Pacífico exigen un precio de 150 dólares por tonelada y que los ingresos vayan a los SIDS y a los países menos desarrollados para financiar la inversión en energía de cero emisiones, infraestructura de barcos y marítima, y objetivos climáticos y de resiliencia más amplios. Más países, en el Caribe y otras partes, deben sumarse a ellos. Cuando hablemos al unísono, nuestras voces importarán.

*Responsable de Agricultura climáticamente inteligente en el SUM de Canadá.

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