Hacia la revisión del T-MEC en 2026
Es importante contar con reglas claras y con poderes judiciales independientes que ofrezcan piso parejo para los inversionistas de los tres países y la ausencia de conflictos de interés
Por Juan Carlos Machorro
Los equipos comerciales de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México procederán con la revisión programada del T-MEC en el mes de julio de 2026, en un ejercicio de discusión tendiente a revisar la operación del tratado con la posibilidad de presentar recomendaciones.
La cláusula del tratado, que requiere su revisión en 2026, fue el resultado de arduas negociaciones con el gobierno norteamericano, que insistía originalmente en insertar lo que se conoce como sunset clause, una cláusula conforme a la cual el tratado desaparecería a los cinco años si los jefes de Estado de los tres países no se ponían de acuerdo en prorrogarlo. Esto resultaba absolutamente inviable en el contexto de inversiones de largo plazo y ni el gobierno canadiense ni el mexicano aceptaron dicha cláusula; como resultado, en su lugar quedó esta cláusula de revisión al cumplirse seis años de vigencia en julio de 2026. De no acordar la renovación del tratado, este permanecería en vigor hasta 2036.
Es necesario recordar también que no se trata de un ejercicio de renegociación del tratado, sino de revisión de su operación. Pretender abrir temas a renegociación sería riesgoso y podría empantanar las discusiones, siendo lo deseable como estrategia que el ejercicio de revisión sea rápido y ágil.
No existen antecedentes en el mundo de este tipo de cláusulas de revisión y los países tendrán que aprender con el proceso de revisión.
Temas de suma relevancia a revisarse incluirán, sin duda, la digitalización de las economías y la inteligencia artificial, lecciones aprendidas durante la pandemia en cuanto a las cadenas de suministro, la protección de éstas en la frontera, políticas industriales compartidas y, sin lugar a dudas, el factor China, que tanto preocupa a nuestros socios comerciales.
Cualquiera que sea el resultado del proceso electoral norteamericano en noviembre próximo, la nueva administración de Harris o Trump va a llegar muy preparada para discutir temas y preocupaciones específicas del capítulo mexicano, incluyendo temas laborales, de energía, del agro y, sin lugar a dudas, reformas perniciosas como la judicial y aquellas anunciadas en materia energética y de desaparición de órganos reguladores autónomos.
El Estado de derecho es una pieza fundamental que brinda certidumbre jurídica a los socios de un acuerdo comercial. Las reformas que están teniendo lugar en nuestro país, comenzando por la mal llamada reforma judicial y la inminente desaparición de órganos reguladores autónomos no abonan a un Estado de derecho estable ni a la certidumbre jurídica necesaria para inversiones de largo plazo.
La reforma judicial es un tema que ocupa y preocupa a los socios comerciales de nuestro país, y sí está prevista en forma transversal en el tratado, que mantiene como compromiso esencial el garantizar un Estado de derecho y el respeto de reglas que traigan certidumbre para las inversiones. Esta reforma genera un ambiente enrarecido que no parece ir en la misma dirección del objetivo principal del propio tratado. Es importante contar con reglas claras y con poderes judiciales independientes que ofrezcan piso parejo para los inversionistas de los tres países y la ausencia de conflictos de interés. Esta reforma cuando menos sugiere que el Estado mexicano pueda convertirse en juez y parte, poniéndose en duda la certeza de las reglas del juego.
En cualquier tratado comercial las partes ceden voluntariamente en consideración de los beneficios que obtienen y suena cuando menos incongruente pretender beneficiarnos de aquello que nos gusta y no aceptar comentarios críticos de nuestros socios comerciales.
En cuanto a la existencia y funcionamiento de órganos reguladores autónomos, el tratado incluye referencias específicas en materia de competencia y telecomunicaciones. Si se reduce el presupuesto de estos órganos y se centralizan sus funciones restándoles autonomía, se entra en una situación de incumplimiento del tratado. En el caso específico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se señala expresamente en el tratado su existencia requiriéndose de separación e independencia del Poder Ejecutivo e imparcialidad de actuación.
La combinación de la reforma judicial, la desaparición de órganos reguladores autónomos y la pretendida reforma en materia de energía resultará perniciosa a la luz de la revisión del tratado y, que no quepa duda, ahuyentará inversiones de largo plazo y de calidad tan necesarias en nuestro México.