Guardia Nacional: “jamás reprimir al pueblo”
¿Qué se necesita para ser buen policía?, le preguntaron a un especialista en una antigua entrevista. “Tener vocación, yo creo que el verdadero policía técnico, o sea, el policía profesional, tiene que hacerse desde muy joven, conocer los sistemas prácticos y también la teoría, ya que es muy importante observar cómo se hacen los trabajos varios, como, por ejemplo, los de investigación, para formar de verdad elementos consignativos; asimismo, el policía real tiene que sufrir y ser muy tenaz, estar consciente de que en ocasiones se deben pasar hasta tres días sin dormir y que resulta difícil, ya que algunos llegan a perder hasta la esposa y el hogar”.
Por Fernando Islas*
El entrevistado en cuestión, texto que figura en la entrega de julio de 1981 de Signore, una revista para caballeros, fue Arturo Durazo Moreno, la cabeza de la entonces Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, nombrado general de División por decreto de su amigo, el presidente José López Portillo, quien, así, “se amarró a un gánster”, escribiría el periodista Julio Scherer.
Relacionar al tristemente célebre Negro Durazo a propósito de la aprobación de parte de la Cámara de Diputados de la Guardia Nacional parece salirse de toda proporción. Hay quienes piensan que los militares serán los únicos capaces de responder adecuadamente a la espiral de violencia que sufre el país. Ocurre que los tiempos del general Durazo como encargado de la seguridad citadina acaso reflejan mejor que ningún otro los alcances del binomio policía-delincuente. El estilo de Durazo.
Desde entonces se expandió el cáncer del crimen organizado definitivamente. Crearon un monstruo que se salió de control. Se decía en la época que una patrulla circulando por nuestras calles provocaba temor, no tranquilidad. Y era cierto. Ahora mismo hay quienes auguran una situación similar camino a la Guardia Nacional. Se imaginan a militares tocando a su puerta o, peor, tirando a matar, en ciega atención a instrucciones superiores.
Por razones de combate a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha echado mano de los militares para ocupar otro tipo de tareas, como la ampliación al aeropuerto de Santa Lucía, vigilar el traslado de combustibles líquidos o apoyar las obligaciones de la seguridad pública, y “nunca”, “jamás”, “para reprimir al pueblo”, expresó en la Plaza de las Tres Culturas días antes del 2 de octubre del año pasado, cuando se cumplieron 50 años de la matanza de Tlatelolco, la madre de todas las intervenciones militares fallidas.
Otros casos mucho más recientes con el Ejército involucrado han sido utilizados como ejemplos para alertar sobre la Guardia Nacional, como los dos estudiantes del Tec de Monterrey que fueron baleados durante un enfrentamiento entre soldados y criminales, en marzo de 2010, en Nuevo León, o la de 22 personas en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, que cayeron bajo el fuego de militares, en junio de 2014.
Sin embargo, el dictamen de la Guardia Nacional, ya en manos del Senado, atenderá la petición presidencial en el sentido de que las Fuerzas Armadas tengan la facultad de intervenir en asuntos de seguridad pública. Decía Octavio Paz acerca de otro primer mandatario que el Presidente de México puede hacer todo el mal que quiera y, aunque quiera, apenas puede hacer el bien. De momento, todo el cabildeo es para darle gusto a López Obrador.
Es más,“ la Secretaría de Gobernación y la Consejería
Jurídica de la Presidencia de la República pidieron a la Cámara de Diputados que “de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la fuerza armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública”, en nota de mi compañera Leticia Robles de la Rosa (Excélsior, 18 de enero de 2019)
La Guardia Nacional llegará. Emerge como solución a tantos años de complicidad entre autoridades y delincuencia organizada, ese estilo típico del general Durazo, pero también como aparente remedio, con manotazo en la mesa incluido, para gobiernos estatales y municipales que abandonaron sus obligaciones en la materia.
Periodista