Rubén D. Arvizu*
Aunque Donald Trump le cambie el nombre al golfo de México y lo llame “golfo de América”, los millones de barriles de petróleo que British Petroleum (BP) planea extraer de sus aguas no respetarán ningún decreto. El desastre potencial que se avecina tampoco reconocerá fronteras ni nombres impuestos por el capricho político de un presidente que día a día muestra un notorio deterioro mental. Cambiarle el nombre a este enorme cuerpo de agua salada es un insulto simbólico. El golfo de México fue una de las principales puertas de entrada al continente americano durante la era de las exploraciones, hace casi 500 años, parte de nuestra historia e identidad compartida.
La Casa Blanca acaba de autorizar el proyecto Kaskida de BP —la misma empresa responsable del desastre de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, el peor derrame petrolero en la historia de los Estados Unidos, con más de 500 millones de litros vertidos de crudo—.
En aquella ocasión, Jean-Michel Cousteau y su equipo de Ocean Futures Society fueron testigos al filmar y mostrar el desastre con imágenes devastadoras: ecosistemas destruidos, manglares cubiertos de chapopote, peces, aves, quelonios y mamíferos marinos agonizando, comunidades costeras arruinadas. Se necesitaron 87 días para poder sellar ese pozo. La BP fue multada por más de 18 mil millones de dólares por daños y perjuicios al contaminar las zonas costeras de la Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas.
Ahora, con la nueva autorización, Kaskida perforaría a mayor profundidad que la plataforma Deepwater Horizon, bajo condiciones aún más extremas. Los expertos advierten que un accidente podría liberar hasta cuatro millones de barriles de crudo y requerir más de 100 días para ser contenido. BP ha confirmado además que, ante cualquier problema, volvería a utilizar los mismos dispersantes químicos de 2010, cuyos catastróficos efectos sobre los ecosistemas quedaron ampliamente documentados. La historia, al parecer, no les ha enseñado nada.
Para México y América Latina esto no es un asunto ajeno. El Golfo de México —con su nombre histórico— es un patrimonio compartido. Sus aguas alimentan a millones de personas, sostienen economías costeras y albergan una biodiversidad única en el planeta. Es también una zona de reproducción crítica para especies migratorias que recorren el continente entero. Ninguna superganancia para accionistas vale más que eso.
Como si esto no fuera suficiente, Doug Burgum, titular del Departamento del Interior de Estados Unidos —el organismo federal que regula el uso de tierras públicas y recursos naturales— ha convocado ilegalmente para el 31 de marzo al llamado “Comité de Extinción”, con el propósito de eliminar las protecciones que impedían a la industria petrolera navegar a alta velocidad en el hábitat de la ballena Rice —una especie que sólo existe en el golfo de México y cuya población, devastada por el derrame de BP en 2010, cuenta hoy con apenas 51 ejemplares. El Centro para la Diversidad Biológica (Center for Biological Diversity) ha presentado una demanda de emergencia para detener este atropello ilegal. Como bien señala su director ejecutivo, Kierán Suckling: permitir que los barcos petroleros naveguen a mayor velocidad en el hábitat de estas ballenas no es solo irresponsable, es condenarlas a su extinción definitiva.
En 2010, denuncié este ecocidio en las páginas de la Nuclear Age Peace Foundation (NAPF) —organización dedicada desde hace décadas a alertar al mundo sobre las amenazas a la supervivencia humana—. La NAPF ha subrayado reiteradamente que el peligro no proviene sólo de las armas nucleares: la destrucción del medio ambiente y el colapso de los ecosistemas representan un desafío igualmente grave para la civilización. Un derrame petrolero masivo en el golfo de México no es una tragedia local, es un ataque a la cadena de vida que sostiene a toda la humanidad. Y como con las armas nucleares, cuando el daño se desata, no respeta fronteras ni pasaportes.
La comunidad internacional, las organizaciones ambientales y millones de ciudadanos exigen que se cancele de inmediato. Autorizar esta destrucción es un crimen que no tiene paralelo.
*Escritor y ambientalista
