Por Ngaire Woods
Por muy sombrío que haya sido el último mes de 2025, con titulares dominados por tiroteos y polarización, un acontecimiento positivo ofrece esperanza para 2026. En todo el mundo en desarrollo, los jóvenes exigen empleos, alimentos asequibles, oportunidades económicas y medidas reales para desacelerar el cambio climático.
Desde el sur de Asia hasta América Latina, a los líderes se les plantea una elección clara: escuchar y responder, o sólo hacerse a un lado para ser reemplazados. Nepal es un ejemplo claro de esta tendencia global de cambio. En septiembre, el gobierno prohibió redes sociales que denunciaban lujos de políticos, desatando protestas.
El primer ministro, K.P. Sharma Oli, de 73 años, avivó las tensiones al burlarse de los miles de adolescentes que tomaron las calles. Tras la represión violenta de las fuerzas de seguridad, los manifestantes incendiaron el Parlamento y saquearon la residencia de Oli. El mandatario dimitió al día siguiente.
Esta ola de disturbios remite a lo ocurrido en Sri Lanka en 2022, cuando el colapso económico y la escasez de combustible activaron un movimiento juvenil. Los activistas acamparon frente a la oficina del presidente Gotabaya Rajapaksa, acusando a su familia de corrupción y nepotismo. Invadieron su hogar y lo obligaron a huir.
Dos años más tarde, el gobierno de Bangladesh respondió a las protestas estudiantiles contra cuotas laborales discriminatorias con una brutal represión. En lugar de reprimir la disidencia, la violencia impulsó a miles a unirse al movimiento. La primera ministra Sheikh Hasina, de 76 años, huyó a la India poco después. Por esas mismas fechas, la subida de impuestos del presidente keniano William Ruto desencadenó protestas de la generación Z. Tras la muerte de decenas de manifestantes por fuerzas de seguridad, Ruto retiró el alza de impuestos y despidió a su gabinete. Las protestas estallaron de nuevo en junio por la ira popular.
En Perú, las protestas por la reforma de las pensiones se convirtieron en demandas para abordar la inseguridad económica y la corrupción. La represión avivó los disturbios hasta que la presidenta Dina Boluarte fue destituida de su cargo.
En todos estos casos, los manifestantes utilizaron las redes sociales para organizarse y, cuando los gobiernos cerraron estas plataformas, migraron a servidores encriptados. Cuando las autoridades recurrieron a la violencia, los jóvenes respondieron con escalada en lugar de someterse. Estos movimientos reflejan preocupaciones compartidas por trabajadores de países ricos y pobres. Los salarios y el poder adquisitivo han sido erosionados por crisis globales como la pandemia, la guerra en Ucrania y presiones migratorias. Esto hace que los gobiernos actuales parezcan cada vez más desfasados frente a la realidad. Sin embargo, los manifestantes no pretenden derribar los sistemas políticos actuales.
Exigen gobiernos que proporcionen empleos, combatan la corrupción e inviertan en la acción climática. Se trata de demandas prácticas con formas claras de satisfacerse. El desempleo juvenil es un ejemplo donde países como Portugal, Irlanda, Grecia y España han logrado reducciones drásticas en la última década. Este éxito se atribuye al programa Garantía Juvenil de la Unión Europea, donde los gobiernos ofrecen empleos o capacitación. Aunque no resolvió todo, demostró lo que se logra con voluntad política y políticas específicas. La lucha contra la corrupción, como muestran casos en Europa del Este, es difícil.
Para avanzar se necesitan funcionarios profesionales, sistemas de monitoreo sólidos y una verdadera responsabilidad política. La gobernanza electrónica también puede ayudar: el sistema de contratación pública digitalizado de Ruanda redujo las oportunidades de corrupción, mientras que la transición de Georgia a un sistema de licitaciones totalmente electrónico produjo mejoras cuantificables.
La transparencia es esencial. Cuando se tolera y se normaliza la corrupción, ésta se propaga; cuando se denuncia, los costos reputacionales y las normas sociales pueden desalentar las conductas indebidas y reforzar la rendición de cuentas. Por eso es importante que existan protecciones para los denunciantes y bases de datos anticorrupción accesibles.
El cambio climático también pesa mucho sobre las generaciones más jóvenes. Los gobiernos muchas veces han socavado el apoyo público a la acción climática al imponer costos desproporcionados a quienes tienen menos posibilidades de pagarlos, pero la economía de la sostenibilidad está cambiando vertiginosamente. El costo de la electricidad procedente de la energía solar fotovoltaica a escala industrial se redujo en 85% entre 2010 y 2020 y sigue disminuyendo, mientras que los costos de almacenamiento en baterías han caído más de 90% durante el mismo periodo. Sin duda, la ampliación de estos sistemas sigue exigiendo una inversión significativa, incluidas mejoras de la red eléctrica y un almacenamiento fiable. Pero las energías renovables también reducen la exposición a las crisis de los precios de los combustibles fósiles, las sanciones y las disrupciones comerciales que elevan los gastos de los hogares. Dicho esto, para los jóvenes que luchan contra el alto costo de vida y la reducción de oportunidades, la transición a la energía limpia es algo más que una electricidad más barata. Se trata de que los gobiernos les ofrezcan un futuro que no esté definido por la inseguridad permanente.
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