Sistema Nacional Anticorrupción

Por Daniel Aceves Villagrán*

El destape de actos de corrupción a nivel mundial evidenció que este flagelo se encuentra esparcido en cada rincón del orbe. Poniendo en perspectiva el tema, de acuerdo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en 2010 cuando WikiLeaks comenzó con la filtración de documentos, se exhibió exponencialmente información electrónica, seguidos por el caso de HSBC en Suiza, en 2015, y los archivos de Luxemburgo en 2014.

La profundidad de las investigaciones, así como la estructura gubernamental de cada uno de los países, juega un papel fundamental para erradicar este fenómeno, que Transparencia Internacional define como el abuso de poder para beneficio propio, que se clasifica de acuerdo a la cantidad de recursos involucrados.

El nivel más alto y el más expuesto en los medios de comunicación a lo largo del año ocurre cuando en los niveles superiores de gobierno definen políticas públicas y funciones centrales gubernamentales alineándose al interés propio y a expensas de los bienes públicos, mientras que, en el otro extremo, encontramos el abuso cotidiano de poder en niveles más bajos a través de la interacción con ciudadanos en búsqueda de servicios básicos, generando exclusión y perpetuando la pobreza.

Complementando esta aproximación, el Instituto Australiano de Criminología explora el fenómeno de acuerdo al tamaño y la incidencia de la corrupción, considerando cuatro principales dimensiones: el nivel de beneficios públicos que se pueden obtener, la discrecionalidad con la que los funcionarios pueden proceder, el nivel de riesgo asociado con los actos de corrupción y el relativo poder de negociación entre las partes involucradas.

Respecto a las causas, el aludido instituto enuncia que las más importantes están comprendidas por las normas y valores de los políticos y servidores públicos, la falta de control, supervisión y procesos de auditoría y las relaciones entre el sector público y privado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuantifica el fenómeno de la corrupción en el equivalente a 5% del PIB a nivel mundial (cerca de 2.6 trillones de dólares, de acuerdo con el Foro Económico Mundial) con más de 1 trillón de dólares pagados en sobornos, siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, político y social.

Ante este escenario, y considerando que México ocupa el lugar 95 de 168 países con una calificación de 35 puntos (índice 2015 de Transparencia Internacional), nuestro país está llevando a cabo la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a través de la agrupación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Consejo de la Judicatura y el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, para actuar de manera coordinada en la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, articulando la política a seguir con la finalidad de acabar con la impunidad, gracias a esta colaboración de los distintos sectores (sociedad civil, académicos, sector público y privado) se cuenta, por primera vez con diversas herramientas como códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación, instrumentos que permiten una rendición de cuentas clara y efectiva como la Plataforma Digital Nacional con el Sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses; el Sistema Nacional de servidores públicos y particulares sancionados; el Sistema Nacional de Fiscalización; el directorio de servidores públicos que participan en contrataciones públicas, y las denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción para establecer responsabilidades administrativas, con el objetivo de combatir la corrupción y establecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas, consolidando uno de los pilares de la agenda de reformas estructurales de México.

*Analista