Privatización, comercialización y remate por 40 años de Chapultepec

“Existe una danza sin fin entre

el progreso y la desigualdad”.

Augus Deaton, Premio Nobel

de Economía 2015.

Las diferentes obras de gran magnitud por construir que ha venido anunciando el Gobierno de la Ciudad de México tienen el matiz cosmético (rosa mexicano) en todas ellas de entregar la plaza de los espacios públicos a la Iniciativa Privada, mediante un contrato público-privado de financiamiento para concesiones de dos torres de 49 pisos en 209 mil metros cuadrados, por un tiempo de operación con vigencia de 40 años y una retribución al gobierno local del 7% anual de la inversión original, lo que contribuye a incrementar el caos por los cambios al uso del suelo.

Estos espacios públicos son patrimonio de la sociedad y rematados u obsequiados por el Gobierno de la CDMX a los inversionistas inmobiliarios para que realicen y les den altos rendimientos económicos en el menor tiempo, y son destinados a comercios de alto impacto de costo para el público en general, con lo cual se convierte el gobierno en el principal promotor del desplazamiento y marginación de la población de menos recursos económicos hacia las orillas de la ciudad, dejando el privilegio del uso del espacio a la población de más altos recursos económicos.

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2013-2018, que fue presentado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y aprobado, no contempla este tipo de edificaciones, ya que se requiere, primero, consultar la aprobación de la sociedad y después ser presentado a aprobación de la ALDF.

Los desafíos por el crecimiento de la población urbana para satisfacer sus necesidades demandan de una real planeación integral y no de unas ocurrencias improvisadas. ¡Ciudad brillante, competitiva! Entreguistas a la Iniciativa Privada, la cual sólo busca satisfacer su codicia salvaje de incrementar sus ganancias económicas a corto plazo, desplazando  a la población a los cinturones de miseria en sus necesidades más apremiantes como: vivienda, infraestructura, transporte o la presión de servicios básicos suficientes: agua, drenaje, luz, seguridad, salud y educación, sin los cuales con su ausencia se va perdiendo la habitabilidad y el patrimonio de la familia, y de una vida digna para el desarrollo del ser humano.

¿Con qué legitimidad la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se respalda para concesionar el uso de más de 33 mil metros cuadrados del predio anexo al Bosque de Chapultepec? ¿Tiene documentos oficiales del Gobierno Federal, de la Asamblea Legislativa y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), así como la existencia de los estudios técnico, urbano, de costo-beneficio social y el aval de la sociedad de los diferentes sectores que la integran, para que esa riqueza natural de espacio público patrimonio de la nación, y por consiguiente del uso y disfrute de la población, no sólo de la hoy llamada CDMX, sino de todo el país?

Los profesionistas organizados en Colegios han guardado silencio: arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos, licenciados, etc., sin asumir su responsabilidad social, con lo cual se convierten en ¡socios!, por ser indiferentes y no manifestarse por el robo del espacio público, traicionando su responsabilidad a lo que les asigna la Ley de Profesiones para asesorar, organizados en Colegios de Profesionistas a los gobiernos municipales, estatales y federal, y que defiendan y vigilen el espacio público que es patrimonio de la nación en beneficio de todos los sectores de la sociedad, económicos y sociales.

Los intentos para la transformación inmobiliaria salvaje y rapaz de la Ciudad de México por inmensos conjuntos de edificaciones son producto de la presión que ejercen los grandes empresarios de la economía nacional y extranjera, en la que el gobierno sólo se convierte en el administrador de los recursos del capital y propicia las leyes y reglamentos para proteger y hacer viable la consolidación de esa transformación inmobiliaria, sin ninguna sensibilidad social contraria al beneficio de la sociedad.

Ante tal negativa, las diferentes agrupaciones de vecinos promovieron un amparo ante el Juzgado 13 en Materia Administrativa, el cual les fue admitido, pero se negó la suspensión inmediata, por lo que se programó otra audiencia para el 7 de julio, a la que asistirían autoridades del Instituto de Antropología e Historia y de Bellas Artes para eventualmente tratar de explicar cómo fue el proceso de financiamiento para la concesión de construir las dos torres de 49 pisos

Este espacio público, el 12 de diciembre de 2012, las autoridades del Gobierno del entonces Distrito Federal lo constituyeron como predio, asignándole una cuenta catastral y se identificaba con un adeudo de 213 pesos por no pagar el predial. Se le otorgó el uso del suelo para comercio, hotel, oficinas y estacionamiento.

Nos preguntamos: ¿quién fungía como dueño de ese espacio público?, ¿quién pagó la multa? y ¿quién solicitó el cambio del uso del suelo? Sólo hay una respuesta: los interesados anónimos de ese momento y que hoy salen beneficiados otorgándoles la concesión por medio de quien meció la cuna: el gobierno de la CDMX, por medio de la Seduvi.

Las diferentes estructuras de la administración local reman hacia la misma dirección (comercialización y remate por 40 años del espacio público). La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por medio del Juzgado 13, el cual negó la suspensión definitiva al diputado José Alfonso Suárez del Real por el reclamo contra los trabajos del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec. Elaboración, aprobación del proyecto y la publicación de aviso en la que se dan a conocer los lineamientos para la construcción y operación de ese centro, así como la publicación del reglamento del comité técnico de áreas de gestión estratégicas, y la participación de las autoridades responsables en la firma de un fideicomiso privado, además del otorgamiento de la concesión del espacio público.

Ante estas aparentes determinaciones jurídicas, los diferentes grupos organizados de vecinos de las colonias Roma, Juárez y Condesa continúan presentando los argumentos jurídicos en diferentes instancias de la administración pública: SFP, PAOT, derechos humanos del país e internacional o Unesco, así como los diferentes colegios de profesionistas presentan diferentes estudios técnicos en defensa del espacio público que es patrimonio nacional de la sociedad, haciendo un frente común para revocar la autorización de la concesión y del fideicomiso a los ambiciosos intereses de los desarrolladores inmobiliarios.

Con la conciencia de la sociedad, manifestada en la idea de que es posible otro mundo y otra CDMX, con estas acciones movilizadoras reside la organización, la mística del horizonte de futuro y la unidad.

La Ley no remplaza la conciencia.              Snowden.

*Vicepresidente del Colegio de Arquitectos 2014-2016