Mientras tengamos congreso, no hay progreso
Antonio López de Santa Anna
Cada mañana lo confirmo: la mejor manera de aliviar nuestros pesares es leer poesía. Hoy le tocó a Rainer María Rilke: “Que no sea halago, halago ya no, sino voz emancipada / la esencia de tu grito”.
La democracia es necesaria, por lo tanto, tenemos que hacerla posible. Hay que señalar a sus enemigos y combatirlos. No se me ocurre tarea más inmediata.
La clase política mexicana tiene una atrofia añeja: carece de convicciones firmes para ejercer un poder dividido. Lo nuestro es el mando vertical, no compartido.
Relevantes personajes protagonizaron casos bochornosos: Iturbide disolvió el Congreso Constituyente el 31 de octubre de 1822; Santa Anna lo aplastó reiteradamente y Victoriano Huerta lo desapareció el 10 de octubre de 1913. Son los campeones, hasta ahora, de la concentración del poder. Porfirio Díaz actuó con mayor destreza y se preocupó por las apariencias. Creó una red de relaciones personales y por las cámaras desfilaron figuras connotadas social y culturalmente. Además, no tuvo empacho en expresar que México aún no estaba preparado para ejercer plenamente la ciudadanía.
Los teóricos coinciden en que los pilares del Estado de leyes son la protección de los derechos humanos y la división de Poderes. En ambas materias andamos mal.
El método más eficaz para destruir la democracia es su sobrevaloración. Mediante mecanismos disfrazados de participación popular, se anulan las instituciones. La 4T ha ocasionado, en nuestros más de 200 años de vida independiente, el más artero deterioro de la elemental y ya de por sí ineficiente función de hacer justicia.
No encuentro peores antecedentes de procesos legislativos tan precipitados, irresponsables, desaseados y contrarios a los principios jurídicos fundamentales como los de los últimos siete años. Tan así fue que nuestra Constitución ha devenido un texto irreconocible al ser cotejado con nuestras más respetables tradiciones.
La propuesta presidencial de reforma electoral rompe con la proporcionalidad, que es lo auténticamente democrático. Ése fue el esquema concebido en 1977. Las cámaras representan, con la mayor aproximación, la pluralidad, lo cual debe ser compatible con su capacidad para cumplir sus funciones. Vinculadas a la sociedad, pero también meritocráticas.
Está claro que al gobierno le aterra perder su mayoría. No tienen la más mínima voluntad de fortalecer un contrapoder que evite abusos y señale desviaciones.
La experiencia nos indica que fue un grave error de la oposición haberse prestado a la farsa de la reforma al Poder Judicial. Con algunas notables excepciones, hemos sido malos legisladores y peores ejecutores de las normas. Ningún país ha manoseado tanto los ordenamientos, principalmente los que regulan el acceso al poder. Para nuestra desgracia, continuamos renegando del derecho electoral y de las instituciones que se han creado. Hemos olvidado un valor jurídico elemental: la generalidad de la ley. Se debe legislar teniendo como fin el bien común, no para beneficiar a grupos o con dedicatoria para un caso particular.
Me atrevo a prefigurar tres escenarios para la iniciativa de marras: el sometimiento de legisladores con todos los medios al alcance del poder, el filibusterismo y lo que he denominado “posicionamiento juarista”.
El primero no requiere mayor explicación. Hemos sufrido el envilecimiento de nuestra vida pública a extremos abominables. El segundo es un método así denominado por los estudiosos del parlamento en que los opositores coincidan en incurrir a prácticas burocráticas legales o semilegales para interrumpir el proceso legislativo.
El posicionamiento juarista consistiría en hacerle el vacío al oficialismo. En otras palabras, los tres partidos (PRI, PAN y MC) no deben prestarse a esa farsa de reforma haciendo suyas las palabras de Juárez: “Que no se diga que los mexicanos de esta época no supieron defender a su patria, y que al menos dejemos a nuestros hijos un nombre que no les cause vergüenza”.