Después de numerosas fechas pospuestas, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum envío a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. En mis dos artículos anteriores en este mismo espacio comenté las propuestas de reforma en la integración del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente. Hoy que conocemos el detalle de la iniciativa presidencial puedo ofrecer un comentario más preciso.
Por principio de cuentas, vale la pena destacar ideas que se ventilaron previamente y que, por fortuna, no fueron consideradas en la iniciativa enviada ayer. A diferencia de las iniciativas del expresidente López Obrador —conocidas como plan A y plan C, presentadas en 2022 y 2024, respectivamente—, ahora no se propone el despropósito de elegir consejeros electorales del INE mediante voto popular ni la desaparición de los organismos públicos locales electorales (OPLE) y los Tribunales Electorales Locales.
Llama la atención, eso sí, que mientras que en el “plan A” proponía un sistema electoral de representación proporcional para el Poder Legislativo —implementado a través de listas estatales de diferente magnitud—, ahora se propone aumentar la sobrerrepresentación del Senado al eliminar 32 escaños de representación proporcional y, por otro lado, se mantiene sin cambio el sesgo mayoritario de la Cámara de Diputados.
Si antes se propuso un Congreso más proporcional a cambio de una purga y captura de las autoridades electorales (similar a la ocurrida con la reforma judicial), ahora la Presidenta propone una reforma electoral de mucho menor calado: se mantienen los 300 asientos de mayoría relativa y 200 de representación proporcional en la Cámara, pero cambia el mecanismo de selección de quienes ocuparan estos últimos. El principal problema del sistema electoral del Congreso, la sobrerrepresentación legislativa agravada por el uso estratégico de las coaliciones, no se atiende o atenúa de modo alguno.
No sorprende que los partidos de oposición no apoyen esta propuesta: no han sido considerados en ningún momento de la Legislatura en marcha. ¿Por qué varios representantes del PVEM y PT tampoco parecen apoyarla hasta ahora? Por un lado, porque se propone una reducción del 25% en las prerrogativas de financiamiento público a los partidos. Por otro lado, porque desaparecen las listas de candidaturas de representación proporcional “cerradas y bloqueadas” que, en la práctica, han sido utilizadas por los partidos políticos para conseguir curules y escaños sin hacer esfuerzos de campaña, con una especie de pase automático.
En lugar de tener listas bloqueadas, se propone que 100 curules se asignen, de manera proporcional, a las y los candidatos de mayoría relativa que resultaron perdedores en sus contiendas distritales, pero tuvieron los mayores porcentajes de votación en sus partidos —un esquema conocido como “mejores perdedores” y que ya se usa en entidades como Ciudad de México y Jalisco—. Este esquema no debe confundirse con la primera minoría: los mejores perdedores de un partido no siempre son los segundos lugares de una contienda.
Por otro lado, se propone que las 100 curules restantes se asignen a las candidaturas de representación proporcional de cada partido que hayan recibido más votos de manera directa y personal en sus respectivas circunscripciones —un esquema conocido como “listas abiertas” o no bloqueadas que se utiliza en países como Brasil o Perú, así como en otros en otros regímenes parlamentarios—. En teoría, las listas abiertas tienen la virtud de permitir un voto personal más eficaz. En la práctica, pueden favorecer reputaciones personales, un desgaste intrapardista y un mayor clientelismo antes que premiar la disciplina o la experiencia legislativa.
Si bien la iniciativa mantiene el Consejo General del INE y los OPLE tal y como los conocemos, la principal vulnerabilidad de estos organismos pasa por las leyes secundarias y el presupuesto asignado. Sea cual fuere la suerte de esta iniciativa, nada impide que una reforma legal posterior debilite aún más la confiabilidad y las capacidades de los institutos electorales.