La nueva Constitución de la Ciudad de México
El acuerdo político que elaboren los constituyentes indudablemente será un reflejo de los derechos políticos y sociales que, hasta ahora, se han ganado en la capital.
Los derechos fundamentales, como señala la experiencia, no caen nunca del cielo, sino que llegan a afirmarse cuando se hace la presión de quienes han quedado excluidos ante las puertas de los incluidos.
Luigi Ferrajoli
Por Mauricio Toledo*
El 15 de septiembre próximo se instalará la Asamblea Constituyente, que habrá de aprobar la Constitución de la Ciudad de México, primera en su tipo desde su fundación en 1824, hace ya 192 años. Su entrada en vigor coincidirá también con la conmemoración del centenario de la Constitución General del país que actualmente nos rige, en febrero de 2017.
Con la Reforma Política promulgada en enero pasado, sin duda se dan pasos importantes e históricos para la nueva condición jurídica de la Ciudad de México y para sus habitantes. El acuerdo político que elaboren los constituyentes indudablemente será un reflejo de los derechos políticos y sociales que, hasta ahora, se han ganado en la capital del país, muchos de ellos de vanguardia nacional e internacional.
En ese orden, corresponderá a la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del DF expedir las leyes que la desarrollen y den la evolución política adecuada, en este nuevo contexto político para la ciudad que sigue conservando su carácter de capital del país. La nueva Constitución deberá ser esencialmente democrática, liberal e incluyente, que preserve los derechos individuales y colectivos hasta ahora conquistados, así como el amplio abanico de derechos políticos y sociales.
La educación, el cuidado del medio ambiente y la salud deberán ser materia de particular relevancia para los constituyentes, así como la nueva generación de derechos como el acceso a internet.
El conocimiento se ha convertido en el principal motor de crecimiento y desarrollo en el mundo, tanto en lo económico como en el aspecto social y que, evidentemente, deberá ser materia de ocupación de los constituyentes.
En cuanto al aspecto de la democratización, están los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de más y mejores dispositivos de participación ciudadana, tales como el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato. En la Ciudad de México se han dado avances importantes en ese sentido y la nueva Constitución debe dar más pasos hacia adelante.
El desarrollo urbano y ordenado también deberá ser materia del Constituyente, sí a la construcción de nuevos edificios para aprovechamiento de la tierra, pero sin dañar el entorno cultural, ambiental y social, con estas acciones se podrá detonar la economía y habrá generación de nuevos empleos.
Por otra parte, los derechos humanos también deben ser uno de los tópicos relevantes que deben abordarse, considerando los compromisos suscritos por México con los mecanismos internacionales de Naciones Unidas y otros, entre los que se encuentran la protección del trabajo de los defensores de derechos humanos y de los periodistas.
Si bien la nueva Constitución de la Ciudad de México debe respetar el piso mínimo que establece la Constitución General y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es factible dar pasos en un sentido protector y en materia de derechos en beneficio de los capitalinos.
*Diputado de la ALDF