División territorial de la Ciudad de México

Por Olga González Martínez*

El polígono que actualmente delimita la capital de nuestro país de los estados de México y Morelos data del año 1898, cuando los decretos emitidos por el Congreso fijaron los límites exteriores —que permanecen en la actualidad— del territorio que albergaría permanentemente los Poderes de la Unión, el Distrito Federal.

Su carácter como sede de los poderes federales provocó, a diferencia de las otras entidades, una carencia de autonomía para determinar su régimen y configuración geográfica interior, por lo cual sus divisiones administrativas actuales, legado de la voluntad de la Federación, han implicado rezagos distributivos que dificultan la administración de los recursos públicos y la óptima representación política.

El nuevo estatus jurídico y político que la reforma constitucional confiere a la ahora Ciudad de México, otorga la posibilidad al poder Constituyente para que redacte su primera Constitución, mediante la cual se debe replantear el número de demarcaciones para perfeccionar la administración de su organización territorial interna y su geografía electoral local.

Esta posibilidad deberá ser considerada bajo una visión de planificación estratégica por la Comisión Redactora de la Constitución local, nombrada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y  40% de la Asamblea Constituyente designada por el Presidente de la República, las cámaras de Senadores y de Diputados, así como el restante 60% que será electa por la ciudadanía el 5 de junio.

Dicha visión deberá proyectar características como la identidad cultural e histórica de las unidades territoriales que conforman la ciudad, aspectos demográficos y socioeconómicos, accidentes geográficos, estructura urbana, vialidades primarias, compacidad y la distribución distrital electoral federal para hacerla compatible con  fines de organización electoral y representación política local.

La redefinición territorial de la Ciudad de México supone un ejercicio de balance administrativo y político que beneficie la calidad de vida de los habitantes, potencie las capacidades gubernamentales de acción y coordinación para generar óptimas condiciones en la distribución de los servicios públicos, se expandan redes de gobernanza, representación legislativa y otorgue eficacia en la organización de procesos electorales y de participación ciudadana.

La cuestión principal se encuentra en reconocer que a escala urbana y territorial las dimensiones cobran relevancia, y que el número de demarcaciones y su extensión influirán directamente en la calidad y funcionalidad de la administración pública y la representación política.

De tal forma, la gobernabilidad de la capital será exitosa en la medida en que se planifiquen disposiciones normativas y acciones políticas con una visión estratégica y metropolitana, que minimicen las brechas derivadas de una conformación urbana y territorial que ha generado desigualdades distributivas entre una demarcación y otra en cuanto a calidad en los servicios, la representación y los presupuestos públicos.

El momento actual abre una oportunidad irrepetible para organizar desde nuestra propia autonomía el territorio futuro de la Ciudad de México, los eventuales diputados que conformen la Asamblea Constituyente tienen la responsabilidad de examinar con rigor los problemas históricos y administrativos a los que se han enfrentado las autoridades, para  incluir en sus agendas legislativas propuestas que integren, desde una visión plural, posibles soluciones a los problemas territoriales heredados.

Por tal motivo, el Instituto Electoral del Distrito Federal organiza un foro que tendrá lugar los días 19 y 20 de abril, en el cual participarán expertos académicos, funcionarios públicos y actores de la sociedad civil, quienes, desde una visión multidisciplinaria, aportarán elementos técnicos para que la Asamblea Constituyente defina una nueva geografía política y electoral en la Ciudad de México.

*Consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal