Transparencia en la construcción de la ciudad

Por Margarita Martínez Fisher*

Una de las principales facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la de legislar en materia de desarrollo urbano, uso de suelo y construcciones,  así como la de formular programas de desarrollo y políticas públicas que no sólo concilien intereses sino que protejan los espacios y el trazo de la ciudad sin dejar de supervisar y fiscalizar a la administración pública.

   Para que esta supervisión —que en el fondo es ciudadana— se lleve a cabo, es necesario que se pueda recabar información sobre la norma que impulsa y, supuestamente, facilita la construcción de vivienda de interés social y popular  (Norma General de Ordenación 26).

  En una ciudad tan complicada como el DF, con serios problemas de irregularidades en la construcción, que van desde el incremento en el precio de las viviendas y edificaciones en zonas de riesgo hasta errores de zonificación y muchas otras, es indispensable introducir transparencia en la normatividad existente.

Por eso, la semana pasada interpuse un punto de acuerdo ante el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para recabar información sobre este ordenamiento.

  En la Ciudad de México nos rigen 29 normas generales, encargadas de regular la intensidad, la ocupación, el aprovechamiento del suelo y las características de las edificaciones, sin olvidar el impulso a la vivienda de interés social y popular.

 La Norma 26 se estableció el 8 de abril de 2005 y fue reformada el 10 de agosto de 2010. En estas reformas se tomaban en cuenta algunos aspectos importantes como las zonas de alto riesgo y vulnerabilidad, así como los accesos, la traza del entorno y el impacto negativo de la imagen urbana.  Pero, sobre todo, se contemplaban los cuatro aspectos de la sustentabilidad: porcentajes de agua y energía; el área libre en las construcciones, y los cajones de estacionamiento.

Desde las restricciones para el crecimiento de unidades habitacionales y desarrollos comerciales en ciertas delegaciones que imponía el famoso Bando 2 en 2000, el DF ha vivido una avalancha legislativa para establecer los lineamientos y criterios de usos de suelo, edificación y construcción en general.

   A tal grado que, aunque se establece la competencia para vigilar la aplicación de la Norma 26 en las 16 delegaciones y que la Secretaría de Desarrollo Urbano puede anular los actos y revocar certificados, en realidad no hay una transparencia en la implementación de la misma.

Por ejemplo: según la Norma 26, el precio final de las viviendas deberá comprobarse previamente a la obtención del certificado de zonificación de uso de suelo. En muchas delegaciones no sucede así. Es necesario que la ALDF tenga la potestad de recabar toda la información al respecto a fin de cumplir con su obligación de supervisar.

Un gobierno democrático se sustenta en la transparencia y la rendición de cuentas. La información se debe revisar, analizar y, en dado caso, dar pie a una sanción. De ser aprobado, este punto de acuerdo contribuiría a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y abriría los canales de comunicación entre los interesados, las delegaciones, la Seduvi y el ciudadano, representado por la ALDF. Se cubriría un vacío legal y se generaría la obligación de dar información y tener una tramitación bien ordenada. Sin contar con el fortalecimiento de las instituciones del DF y la seguridad de que la información sobre el desarrollo urbano y edificación de nuestra ciudad es un bien público que se utilizará para cuidar nuestro entorno.— *Presidenta de la Comisión de Derecho e Infraestructura Urbana en la ALDF

Twitter: @maguimartinez