Lágrimas de violencia obstétrica

La Primera Sala resolvió por unanimidad. Se esterilizó a una mujer, en un hospital público. Sin su consentimiento. No fue ni previo. Ni pleno. Ni libre, mucho menos informado. Todo esto es violencia obstétrica. Constituye violencia de género. Fue humillada. Agredida. ...

La Primera Sala resolvió por unanimidad. Se esterilizó a una mujer, en un hospital público. Sin su consentimiento. No fue ni previo. Ni pleno. Ni libre, mucho menos informado. Todo esto es violencia obstétrica. Constituye violencia de género. Fue humillada. Agredida. Regañada. Amenazada. Intimidada durante su trabajo de parto. También es violencia obstétrica. Además, en el caso, la esterilización no consentida, fue un acto de tortura. Existen otras formas de tortura distintas al tehuacanazo para obtener una confesión. La esterilización no consentida puede ser una de estas otras formas de tortura.

El sufrimiento de esta mujer fue particularmente grave. No sólo porque ella así lo consideró por las vejaciones señaladas, sino porque se alteraron sus órganos reproductivos —en edad reproductiva— en contra de su voluntad. Se le indujo a firmar una “autorización” para realizar este procedimiento intimidándola. Se le engañó. Se le amenazó. Se alteró su cuerpo. Su vida. Se le provocaron profundos sentimientos de tristeza y temor. Se le esterilizó con conocimiento de causa, a partir del estereotipo de que nos corresponde a las mujeres la función reproductiva. De la concepción de que somos incapaces de tomar decisiones responsables al respecto. Todo esto sucedió en un hospital público. Fueron servidores públicos los que perpetraron violencia obstétrica. Fue violencia de género.

La Primera Sala ordenó otorgarle la atención médica necesaria para que, de ser médicamente posible, se revierta la esterilización. De no ser así, se le ofrezca la posibilidad de una reproducción asistida. Se le deberá ofrecer tratamiento sicológico y siquiátrico. Se deberá analizar si procede un procedimiento de responsabilidad administrativa. Además, se ordenó la elaboración de una guía de violencia obstétrica institucional con el objetivo de visibilizar esta forma de violencia y prevenir futuros casos. Finalmente, se decretó la implementación de jornadas de capacitación para el personal —médico y administrativo— de este hospital.

La decisión de la Sala se hace pública. Los medios la retoman vorazmente. El tema es toral, no me sorprende. Me alegra la difusión. Viene entonces otra reacción. Una oleada de respuestas que no vi venir. Son mensajes —varios— de mujeres, conocidas, pero no íntimas. Se atreven a contarme sus historias de violencia obstétrica. Dicen haber llorado al leer la resolución. Describe E: “Me ligaron en la cesárea, no era el momento, pero lo hice, porque así lo sugirieron. Lo traté de revertir, siempre me arrepentí”. Relata G: “Sentí pánico al entrar a la sala de auscultación y escuchar a otras mujeres gemir, mientras les gritaban que se callaran de una vez. Me practicaron una episiotomía sin preguntarme, me causó sufrimiento y dolor indescriptible durante meses”. Me cuenta N: “Pensaba que mi parto había sido privilegiado, hoy entiendo que fui víctima de violencia obstétrica. Me indujeron el parto sin razón médica —se acercaba el fin de semana— se burlaron de mi petición de que me acompañara mi dula; cuando decidí ponerme la epidural, el doctor me regañó por no haberlo manifestado desde un principio. Te lo dije —repitió varias veces— a ver si no es demasiado tarde. La episiotomía llegó sin preguntar”.

Siempre he sostenido que una de las principales funciones del derecho es la promocional, en el entendido de que el derecho constituye una práctica social, no sólo un conjunto de normas —concepto que comparto con Manuel Atienza—entonces, también es deber de los juzgadores al emitir sus sentencias ser conscientes de que en ciertos casos es posible promover, motivar, conductas. Tenemos que resolver, no sólo pensando en el asunto concreto, sino fundamentalmente en el objetivo de construir resoluciones que sirvan de pauta a autoridades y particulares, en este caso, para erradicar esta forma de violencia contra las personas gestantes.

Que la resolución del alto Tribunal sirva para destapar e iniciar una reversión de prácticas violentas que, en silencio y resignación, han sufrido muchas mujeres al dar a luz. Ni una lagrima más. Ni una más.

                *Ministra de la SCJN

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