La otra justicia digital

La crisis nos obligó a repensar un sistema cuyas deficiencias habíamos normalizado. El acceso a la justicia en tiempos de pandemia sólo se entiende —y mejora— partiendo del panorama previo; no es novedad afirmar que el acceso a la justicia en México está indisolublemente vinculado con la condición socioeconómica. Millones de mexicanos en pobreza extrema y situación de vulnerabilidad, antes de la covid, no tenían respuesta del Estado cuando sus derechos resultaban afectados. La pandemia no hizo más que enfatizar estas desigualdades.

El escenario es sin duda desalentador. Sin embargo, el reto que impuso el confinamiento a la impartición de justicia nos ha obligado a un debate fundamental: la justicia digital. Les comparto un dato que definió mi aproximación al tema. Hoy más personas tienen acceso a internet que a la justicia. La OCDE reporta que el 46% de los seres humanos vive “bajo la protección de la ley”, mientras el 50% de los individuos tenemos acceso a internet. Esta cifra nos revela una gran oportunidad, pero es también una llamada de atención. Si más de la mitad del mundo no tiene acceso a la justicia, algo no está funcionando. Por otro lado, si más de la mitad de la humanidad tiene acceso a internet, muy probablemente éste sea una solución para acercar la justicia a la ciudadanía.

La imposibilidad de reunirnos a impartir justicia nos obligó a automatizar la comunicación jurisdiccional; en pocos meses se modernizaron los sistemas de gestión judicial, se impulsó la digitalización de expedientes y se reforzó la implementación del juicio en línea. El PJF dio un paso fundamental en lo que a justicia digital se refiere. Se logró garantizar el acceso a la justicia sin poner en riesgo la vida del personal jurisdiccional y de los justiciables. Estas medidas abonarán además a la transparencia y eficiencia del sistema judicial. Pero no nos quedemos aquí, la justicia digital apenas comienza.

Me remito —con admiración— a Richard Susskind que en su libro Tribunales online y la justicia del futuro, presenta una aproximación transformadora de la justicia digital. No basta automatizar los procesos jurisdiccionales —sostiene el británico— para realmente transformar el sistema de impartición de justicia tenemos que extender los tribunales.

La extensión a la que se refiere el autor implica ampliar lo que hemos venido entendiendo por administración de justicia. Los denominados tribunales extendidos capacitan en línea a los justiciables, cuentan con sistemas que los auxilian en la presentación de pruebas, prevén mecanismos que incentivan la autorepresentación en casos sencillos. Los medios alternativos de solución de controversias son pilar fundamental de los tribunales extendidos. ¿Para qué llegar a un juicio? Los propios tribunales, a través de la incorporación tecnológica, encaminan al justiciable a no judicializar ciertos conflictos. Se brindan, por ejemplo, plataformas en línea que promueven la negociación o mediación entre las partes.

Este nuevo entendimiento de la justicia parte de la premisa fundamental de que la resolución de controversias no debe reducirse al dictado de una sentencia, existe una etapa preventiva que es fundamental para resolver los conflictos ciudadanos. La transformación digital de los sistemas de impartición de justicia con esta lógica es una realidad en varios países —China, Canadá, Estados Unidos, Colombia — que, antes de la pandemia, apostaron por este tipo de sistemas. Los resultados son muy alentadores.

Aprovechemos la inercia del confinamiento, sigamos construyendo en torno a esta otra justicia digital. Estoy convencida de que el uso de la tecnología y los medios alternativos de solución de controversias son herramientas fundamentales para mejorar nuestro sistema de impartición de justicia. No dejemos de insistir en la importancia de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que es indispensable para homogenizar su aplicación. Las bases constitucionales y legales con las que contamos hoy, más la incorporación de la tecnología que hemos venido haciendo en la pandemia, son suficientes para empezar a ampliar, a extender, la administración de justicia y darle así vida al mandato establecido en el artículo 17 constitucional.

La necesidad de repensar nuestro sistema de impartición de justicia es inminente, la pandemia lo fortalece. Repensemos también nuestra idea de justicia. Busquemos un modelo enfocado en la justicia cotidiana, en la justicia local, en solucionar los problemas legales a los que se enfrentan los mexicanos día a día. No ha sido fácil mantenerse optimista este año. Acercarnos a esta otra justicia digital es, sin duda, una de las mejores oportunidades que nos trajo el 2020.