El agridulce sabor de su libertad

Las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) en los casos de Alejandra Cuevas y Laura Morán pusieron fin a una injusticia. Los actos reclamados, esto es, la orden de aprehensión y la sentencia que confirmó el auto de formal prisión, con base en los cuales una de ellas estaba privada de su libertad, fueron, según lo consideraron once ministros, claramente violatorias de diversos derechos humanos. Aunque desde muy distintas ópticas, y basándonos en consideraciones que por momentos parecían irreconciliables, los integrantes del Tribunal pleno coincidimos en que procedía la inmediata libertad de Alejandra Cuevas y la cancelación de la orden de aprehensión contra Laura Morán.

Mi voto partió de la división que debe existir entre acusar y juzgar. En términos de nuestra Constitución y la jurisprudencia de la primera sala, si el Ministerio Público (MP) no establece en la acusación específicamente los hechos y claramente las conductas que se le atribuyen a la persona inculpada, el juzgador simplemente no tiene facultades para establecerlos. En este caso, el juez de primera instancia ejerció facultades de acusación al deducir las circunstancias de modo, tiempo y lugar del delito, a pesar de que el MP las señaló de manera ambigua. Para mí, esta tergiversación de funciones bastaba para advertir una flagrante violación constitucional que debía traducirse en la inmediata libertad de Alejandra Cuevas.

Apenas unos minutos después de haber sido liberada, Alejandra 

Cuevas agradeció. Sus hijos previamente también habían agradecido al Poder Judicial de la Federación (PJF). En un conmovedor video, Cuevas aclara que debe su libertad a los usuarios de redes sociales que la arroparon sin conocerla. Les agradece. No estoy libre por las instituciones, dice, la sociedad sí podemos presionar y sí podemos lograr lo que queremos… pero esto no termina. Y concluye Alejandra Cuevas insistiendo en la necesidad de la ayuda de la sociedad para liberar a personas inocentes.

Me invade una sensación agridulce. Escucharla con firmeza y convicción es indudablemente alentador. Reconocer la fuerza de la cohesión social a través de las redes, me inspira. Sin embargo, su agradecimiento me angustia. Su petición de auxilio a la sociedad como conducto exclusivo para hacer justicia, me preocupa. Como autoridad, este reclamo de ayuda a la sociedad y agradecimiento me interpelan, me obligan a la autocrítica. Impartir justicia no es un favor que se le hace a la ciudadanía.

Me pregunto si una mujer privada de su libertad por más de 500 días o sus hijos tienen que agradecer, y por qué razones, a las y los juzgadores que le reconocen su libertad. Aspiremos a que las personas no tengamos que recurrir a la presión social para ser escuchadas. La ayuda y el apoyo se agradecen, la impartición de justicia no. Es un derecho de los justiciables. Como autoridades jurisdiccionales ésta es nuestra obligación. Éste es nuestro trabajo. Independientemente de la presión en redes sociales.

No puedo evitar pensar cuántas Alejandra Cuevas hay en nuestro país. Cuántas mujeres ven pasar los días encarceladas, víctimas de un sistema de procuración e impartición de justicia que las ha olvidado y que cada minuto que transcurre sin darles respuesta, sin emitir una sentencia, es responsable de violar sus derechos humanos. La interseccionalidad en estos escenarios es patente. Sabemos que las mujeres privadas de su libertad sufren diversas opresiones, suelen ser personas en situación de pobreza, pertenecientes a comunidades indígenas, presentan alguna discapacidad o sufren alguna otra condición de vulnerabilidad. Alejandra Cuevas pide ayuda a la sociedad para obtener su libertad en vez de exigirnos hacer nuestro trabajo, cumplir nuestra responsabilidad.

La sociedad no puede enfrentar este camino en solitario. La solución a las deficiencias de nuestro sistema penal tampoco está en la intervención de la SCJN a través de facultades de atracción. Lo hemos mencionado una y otra vez. Debemos mirar a la justicia local. Sabemos que el acceso a la justicia federal es largo y muchas veces complicado. La única forma de garantizar a la ciudadanía el verdadero acceso a la justicia que mandata la Constitución es resolver las enormes carencias de los sistemas de impartición de justicia locales.

Desde mi más sentido compromiso con la construcción de un verdadero Estado de derecho, el agradecimiento de Alejandra y sus hijos e hija me alarma. Refuerza mi convicción por construir un país que garantice una adecuada impartición de justicia. Me recuerda el largo trecho que tenemos por delante. Me compromete a seguir luchando para que la sociedad no sea la destinataria final del grito de auxilio para garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas. Seguiré pugnando por que no existan los agradecimientos ante el ejercicio de un derecho en plenitud. No más ayudas, no más agradecimientos.

*Ministra de la SCJN.