Un imperativo de Estado
De acuerdo con el Inegi, la extorsión representa el tercer delito cometido con mayor frecuencia en el país.
El delito de extorsión adquirió en forma acelerada un lugar destacado en la estadística roja. Evolucionó a través de prácticas continuas, sistemáticas y diversificadas. Sus antecedentes datan de inicios de este siglo y se asocian con el descontrol penitenciario, la corrupción y la delincuencia organizada en todas sus manifestaciones. Actualmente, representa un flagelo criminal, persistente y corrosivo que erosiona de forma permanente el tejido social y económico.
Los reclamos para su atención han sido constantes y de todos los sectores de la sociedad, así como de la comunidad internacional, principalmente con la que México mantiene relaciones comerciales. No existe gobierno federal, estatal o municipal que no los haya sufrido o enfrentado. Las soluciones han sido insuficientes, con marginales o nulos resultados.
Informes externos, como el Índice Global de Criminalidad elaborado por la Organización Civil Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ubican a nuestro país en el tercer lugar de criminalidad. El Inegi, por su parte, ha señalado que la extorsión representa el tercer delito cometido con mayor frecuencia, después del fraude y el robo.
Es alentador que el gobierno mexicano vea la atención de este problema de seguridad como un imperativo de Estado. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de Ley General en materia de extorsión con reformas normativas complementarias, misma que alcanzó, con algunos ajustes principalmente en el rango de las penas, el consenso necesario para su aprobación por parte del Congreso de la Unión.
La propuesta en sí misma posee un contenido normativo distinto a lo que tradicionalmente se ha planteado en materia de criminalidad, no se centra en acciones exclusivamente punitivas, sino que delinea una política criminal moderna: integral y multifocal. La coordinación institucional, la homologación de los tipos penales, el fortalecimiento procesal y punitivo, así como la protección de las víctimas, son los ejes sobre los que se trazan las nuevas disposiciones. Transita por la prevención del delito, la procuración de justicia y desde luego por su impartición.
La aprobación de las nuevas disposiciones no significa la solución en automático de la problemática criminal. Se debe tener claro que es un tema de mediano plazo, con algunos avances probables de naturaleza inmediata. El desafío está en el compromiso institucional, en el destierro de los abusos de poder, en el trabajo homologado y en la confianza ciudadana, que habrá de crearse y refrendar con resultados día con día.
La implementación de las acciones gubernamentales a las que obliga la nueva ley exige acciones administrativas, que generarán presiones presupuestales para dotar de capacidades materiales y humanas a las fiscalías especializadas que deberán de constituirse. Desde luego, que será necesario e importante atender este aspecto de la proveeduría institucional, pero no debe ser pretexto para no obtener resultados. En las tareas sustantivas, tanto jurídicas como operativas, se cuenta con el conocimiento, la experiencia y los precedentes judiciales necesarios para su despliegue.
México determinó como un imperativo de Estado el combate a la extorsión. Toda política criminal requiere de ajustes para lograr su plena implementación, seguramente así sucederá. Lo más difícil ya se hizo, el resto será no descuidar la tarea.