“Son cosas que lamentablemente ocurren”

Esta desafortunada declaración pública de la que dan cuenta distintos medios de comunicación atribuida al gobernador de Sinaloa, como respuesta ante las interrogantes que surgieron con motivo del secuestro masivo de 66 personas en días pasados en Culiacán, sólo se suma a muchas otras, que día a día se expresan por las distintas autoridades responsables de la seguridad pública, como una justificación a su incapacidad de enfrentar a la delincuencia y peor aún, al crimen organizado, que ha echado raíces en muchas de las comunidades de nuestro país, aprovechando sus vulnerabilidades, así como la impunidad y corrupción que prevalecen en el desenvolvimiento de la actividad pública.

Al respecto, el jurista Sergio García Ramírez decía que la seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados que se debe caracterizar por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman bienes y derechos de las personas, en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.

Los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, con distintos grados de responsabilidad y capacidad de acción, están obligados, precisamente como decía el jurista mexicano, a crear dichas condiciones de convivencia y lo cierto es, que el Estado mexicano ha fallado en su tarea constitucional.

Mucho se habla sobre estas fallas; se hacen críticas, se justifican actuaciones, se arroja a los leones a los responsables o se les exculpa impunemente para ocultar la verdadera razón del problema. Propuestas de solución son pocas y la mayoría sin viabilidad en su instrumentación, quizá no por malas, sino que su construcción no nace con la legitimación ciudadana e institucional suficiente para marcar la diferencia o bien, carecen de rigor técnico y son sólo remembranzas de acciones pasadas.

Entre éstas, una es de llamar la atención, no por su novedad o por los interlocutores que la proponen: la “desaparición de poderes”, figura jurídica prevista en nuestra Constitución y que ha sido utilizada lamentablemente como arma política de los grupos de poder en turno. Herramienta institucional que, en otros países como Italia, se ha utilizado para combatir la delincuencia organizada en aquellas comunidades en las que sus autoridades se encuentran penetradas en su desempeño público.

Desde luego, que una decisión de esta naturaleza, debe ser de ultima ratio y tomada con toda la transparencia y pulcritud jurídica, en la que prevalezca el compromiso público de los responsables de su instrumentación por hacer lo correcto. De nada servirá cambiar a las autoridades que legalmente fueron elegidas, sólo por razones coyunturales o políticas sin que exista un plan de acción integral, para rescatar a la comunidad de las garras del crimen organizado, la corrupción y el abuso.

Una acción de esta naturaleza exige la intervención decidida del Estado en sus tres niveles de responsabilidad, con la debida intervención de la sociedad y la academia. No es suficiente mandar tropas de la Guardia Nacional en auxilio de las autoridades estatales y municipales, se requiere de acciones transversales, que le arranquen a la delincuencia organizada el destino de las comunidades afectadas.

Reyes Heroles decía: primero, el plan, después el hombre. Frase que aplica a la seguridad pública: primero, debe ser el plan después los hombres y sus acciones.