Seguridad pública “bla, bla, bla”

En los últimos días la política de seguridad ha sido el principal tema de debate nacional e internacional. Para los detractores del gobierno federal, existe una equivocación profunda en sus bases; “los besos y abrazos” no son la forma de combatir la delincuencia. Para los defensores de la causa estatal; la solución no está en combatir la “violencia con más violencia”, sino atender a las causas generadoras de la criminalidad, como es la pobreza o la desigualdad.

Lo cierto es, que más allá de los posicionamientos políticos, los responsables de la materialización de las acciones de seguridad pública justifican principalmente sus pocos resultados, con el pretexto de trasladar culpas oficiales a otros. Las competencias y fueros representan el medio más eficaz para escabullirse de sus responsabilidades, sobre todo al combatir la delincuencia organizada. Pero la realidad no se puede ocultar, el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y el cobro de piso son manifestaciones latentes de que algo no se está haciendo bien y éste es un problema que atañe a todos.

La distribución de competencias entre autoridades constituye un mandato constitucional. La observancia al Estado de derecho en materia de seguridad y justicia debe privilegiarse y cultivarse. Pero es necesario evitar, bajo los formalismos de la ley, que se escondan las responsabilidades oficiales. La solución está en una auténtica coordinación con una política pública de Estado, integral, trasversal y consensada entre todos los actores. No en visiones sectarias en donde todos asumen tener la razón. La guerra de las estadísticas no aporta a la solución, sólo profundiza las divisiones.

Los resultados existen, debemos reconocerlo, ejemplo de ello son los aseguramientos históricos de fentanilo o el desmantelamiento de algunas células criminales, a cargo de la Sedena, la Semar y autoridades estatales, pero mal haríamos en justificar todo el éxito de la política de seguridad federal, estatal o municipal en ellos. Éstos son producto de un trabajo institucional de inteligencia, normalmente encapsulado en su planeación e implementación para que tenga éxito; una golondrina no hace primavera. 

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió la orden ejecutiva GA-42 mediante la cual solicita al gobierno de Biden el reconocimiento de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual se traduce en la posibilidad de que las fuerzas del orden norteamericanas pudieran entrar a territorio mexicano. Más allá de la coyuntura política que representa dicha declaración texana, estas expresiones en Estados Unidos son cada día más frecuentes. Lo cierto es que el problema es real y ya no sólo atañe a los mexicanos, urge atenderlo.

El debate de la militarización en nada abona, llevamos en esa discusión desde que se creó la PFP en el sexenio de Zedillo. Desde esa época la Sedena y la Semar ya aportaban efectivos a la seguridad pública y seguimos teniendo déficit de policías confiables. Recursos han existido, intentos de coordinación se han trazado, pero no hemos avanzado al ritmo y la forma que se quisiera.

Si no pasamos del terreno de las discusiones, al campo del trabajo comprometido y serió, seguramente la amenaza norteamericana se hará realidad y no en las mejores condiciones para nuestro país. Ya es momento de que el “bla, bla, bla”, lo dejemos atrás. Las demandas de seguridad y justicia son impostergables.