Política anticorrupción del gobierno federal, buena noticia

El inicio del gobierno, encabezado por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, ha generado altas expectativas sobre las nuevas líneas de acción que habrán de implementarse en los próximos meses en diversas áreas del quehacer institucional, ya sea, para darle continuidad a lo ya ejecutado por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador o bien, para imprimirle, como se ha afirmado, una dinámica adicional o complementaria, llamándole el segundo piso de la Cuarta Transformación.

En lo referente al combate a la corrupción, las definiciones de política pública que ya ha develado la administración pública federal han sido importantes. Se sintetizan en una sola frase: “cero tolerancia”. Expresión que la titular de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, efectuó en el marco de su comparecencia ante las Senadoras y Senadores con motivo de su ratificación como secretaria de Estado.

Dicha pieza discursiva, también abordada en otras ocasiones por la Presidenta de la República, no debe tomarse como una expresión aislada al calor del contexto del evento antes referido, sino por el contrario, se articula con otros anuncios hechos hace algunas semanas, particularmente, en materias de prevención, reingeniería orgánica, profesionalización, transparencia y rendición de cuentas.

A propósito de estos anuncios, se afirmó que se hará uso de la vía penal de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa cometida por los servidores públicos. Atribución que posee la nueva dependencia federal relacionada con la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos, misma que sus áreas deben proveer y que involucra en su instrumentación a la Fiscalía General de la República y a los tribunales federales.

La secretaria, al referirse a la vía penal, abre una discusión que ya se había pospuesto por algunos años en México, sobre los “tipos” administrativos y penales previstos tanto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como en el Código Penal Federal. En efecto, las conductas ilícitas que en estos ordenamientos jurídicos se establecen, requieren de una profunda revisión, para que, en su aplicación, se logre el verdadero sometimiento de los servidores públicos deshonestos a la justicia, tanto administrativa, como penal, evitando con ello, impunidad por tecnicismos jurídicos, por decir lo menos.

Ya entrados en propuestas, es necesario revisar el papel de los Comités de Ética que existen por ley, para efecto, de dotarles de mejores herramientas, tanto técnicas, como procedimentales, a fin de que se constituyan en verdaderas instancias de civilidad, contención y auxilio, desterrando la discrecionalidad en su actuación por lo impreciso de su marco normativo.

Es conveniente abordar los temas sobre la eficacia en la recuperación de activos desviados por los malos funcionarios para su reincorporación a las arcas federales. Las prácticas de simulación y ocultamiento por parte de los imputados y sus abogados son frecuentes. Se requieren de procedimientos legales más ágiles y oportunos.

Desde luego, propuestas existen y son muchas. Urge un marco jurídico que evite la impunidad y garantice el respeto a los derechos humanos. Es posible tenerlo. Existe el conocimiento y la experiencia. Hagámoslo con responsabilidad y objetividad. No abandonemos la causa. Tenemos un buen comienzo.