Países capturados por la droga. Normalización del crimen

Hace unos meses, Anne Milgram, titular de la Administración Federal Antidrogas (DEA), señaló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen influencia operativa y control territorial en gran parte de nuestro país, inclusive que constituyen un grave problema de salud pública para los Estados Unidos, todo ello en el contexto del tráfico, consumo y muerte por fentanilo de más de 110 mil habitantes.

Esta semana, Alex Mooney, anunció que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una enmienda que implica la suspensión de un suministro de 60 millones de dólares destinados a proyectos de ayuda a México en 2024, todo ello, en respuesta a una supuesta “falta de voluntad política” en el combate al tráfico de fentanilo que se materializó en la muerte de miles de personas. Valdría la pena que el republicano revisara los importantes aseguramientos por parte de Sedena y Semar.

Ambas declaraciones son coincidentes en sostener que las muertes norteamericanas tienen como común denominador causas de origen mexicano, pasando por alto que el consumo de fentanilo también responde a las debilidades de sus agencias de seguridad en el combate a la distribución y venta de drogas, así como a la fragilidad social y económica que enfrentan los norteamericanos, entre otras muchas razones.

Nuestros vecinos “normalizaron” el consumo de los estupefacientes y hoy enfrentan las consecuencias de sus omisiones. La captura de su nación y la de sus habitantes a manos de la delincuencia constituye un hecho lamentable. Su corrección costará mucho dinero y tiempo, pero sobre todo vidas.

En México, las declaraciones oficiales relacionadas con los cárteles de las drogas guardan mucha semejanza con las norteamericanas, sólo que, en nuestro país, la responsabilidad se les imputa a los funcionarios del pasado, a los factores reales de poder y, desde luego, al momento de coyuntura política. Habrá algo o mucho de razón, pero no pueden constituirse en un justificante permanente.

Nosotros, al igual que los Estados Unidos, hemos llegado a normalizar el problema de las drogas. Los secuestros, los homicidios violentos, el cobro de derecho de piso, el robo, la extorsión, el despojo y el narcomenudeo ya no son noticia, son parte de nuestra cotidianidad a pesar de su gravedad. La corrupción y la impunidad imperan y son las venas comunicantes que contaminan a nuestra sociedad.

La captura del Estado no puede minimizarse mediante la simple negación oficial y la simulación de acciones estatales. Existen entidades federativas y municipios que requieren de atención urgente, su vida económica, política y social está contaminada. Sólo un dato, la revista Science publicó un estudio controversial que concluye: los cárteles emplean a 175 mil personas.

La única forma de romper con esa normalización dañina y evitar seguir siendo rehenes de la delincuencia organizada es empezar por reconocer el tamaño de problema que poseemos, aceptar que no existe marcha atrás en la lucha contra los cárteles de la droga, que no es un tema de adversarios políticos y que requerimos enfrentarla en forma coordinada e inteligente sin buscar culpables, involucrando a la sociedad, que también es parte del problema y de la solución.

No sigamos cayendo en el tobogán de la normalización criminal, la captura del Estado incidirá en el futuro de nuestra joven población. Requerimos actuar.