El nuevo Estado edificado

El andamiaje jurídico que acompañó al gobierno de la Cuarta Transformación este año cambió no sólo en la forma, sino en el fondo. Ocho reformas constitucionales, once leyes generales y federales nuevas, más de 160 adecuaciones normativas y un número significativo de ajustes reglamentarios dan cuenta de ello. Los temas son variados, principalmente en los campos de la justicia y la seguridad, la soberanía nacional de los recursos naturales, el bienestar social y la reingeniería administrativa.

La justificación, se centró en el abandono del régimen neoliberal, iniciado en la época de Miguel de la Madrid Hurtado y consolidado por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, dando pie a un nuevo modelo: el “humanismo mexicano”; acuñado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, durante la rendición de su Cuarto Informe de Gobierno. Representa la base ideológica del llamado por los políticos el nuevo Estado mexicano, sustento de la Cuarta Transformación. La premisa: “por el bien de todos, primero los pobres”. Las herramientas principales: Economía moral, progreso con justicia y democracia participativa.

Hoy damos cuenta del amplio y profundo proceso de cambios mandatados bajo está nueva visión de Estado. Mucho se ha discutido y escrito sobre el particular, a favor y en contra, pero lo cierto es que estamos ante una realidad jurídica distinta, que redefine la relación del poder público ante la sociedad, lo cual impactará sustancialmente en la vida de todos. Ante ello, existen retos institucionales por enfrentar, como son entre otros: el dinamismo y la nueva orientación de los órganos de seguridad, procuración e impartición de justicia, la consolidación de la agencia de transformación digital y el rencausamiento de las funciones de los ahora extintos órganos constitucionales autónomos.

No sólo se trata de tareas instrumentales de logística jurídica y administrativa, sino se requiere edificar un verdadero cambio en la cultura estatal que incida positivamente en la vida cotidiana de nuestro país. Sólo así se podrá garantizar un futuro confiable para todos los mexicanos. Las bases están mandatadas, su implementación implica una reingeniería institucional.

El ejercicio gubernamental responsable con compromiso ético es la base sobre la que se debe acompañar el nuevo desenvolvimiento estatal. Es una tarea de construcción y ejecución permanente que requiere de trabajo, sin dudas y flaquezas. El fortalecimiento institucional es la meta. Constituye la principal fuente para dotar de seguridad y certeza jurídica las acciones gubernamentales, piezas fundamentales para el avance nacional al dotar de estabilidad pública y legitimación las decisiones gubernamentales.

El extenso volumen de los cambios legales aprobados no tendrá razón de ser si no se acompaña de las acciones gubernamentales correctas. México está en un punto clave en la definición de su futuro. Considero que existe el liderazgo suficiente y la altura de miras para conducirlas y llevarlas a buen puerto. En ello, también la ciudadanía tiene que poner de su parte. El camino es largo y sinuoso, pero lo ya iniciado debe concluirse y bien.

El comienzo del año es el mejor pretexto para renovarnos. La historia nos ha demostrado que la consolidación institucional es el camino que siguen los países que han logrado progreso para sus habitantes. Hagámoslo ya.