No cedamos México
Cerrar los ojos sólo nos condena a más violencia, impunidad y muerte
La violencia electoral se ha convertido en un asunto cotidiano. Según Integralia Consultores y Strategia Electoral, los datos estadísticos son similares en el 2018 y 2021, más de un centenar de hechos delictivos, muchos de ellos homicidios contra actores políticos vinculados al orden municipal.
Las acciones oficiales que se han instrumentado tienen un carácter disuasivo. Los resultados en la investigación y persecución de los delitos son nulos. La distribución de competencias es la divisa para eludir el cumplimiento de las responsabilidades públicas.
Su principal fuente de cultivo es la debilidad de las instancias municipales que se encuentran, en muchos casos, abandonadas y expuestas a los poderes fácticos originados por el crimen organizado. Un dato significativo es que la mayoría de los delitos se perpetraron antes de la designación de candidatos o bien, en días cercanos a la jornada electoral. Seguramente, la política de gobierno que habrían de implementar los futuros gobernantes y la designación de su equipo de trabajo constituían un factor decisivo, particularmente en las áreas relacionadas con seguridad, obras públicas y giros mercantiles.
Se necesita atender el problema, si no, en tres años seguramente tendremos más violencia electoral, independientemente de las acciones que tendrán que adoptarse para paliar los efectos de la filtración del crimen organizado en el gobierno.
Es un tema que requiere trasversalidad, deben participar los tres ámbitos de gobierno, la sociedad civil, la academia, los partidos políticos y los medios de comunicación para fijar un objetivo común: diseñar e instrumentar una verdadera política pública municipal, que trascienda los periodos gubernamentales, las posturas políticas o las coyunturas partidistas.
Fortalecer al municipio es parte de la solución, mediante la transparencia, la supresión de decisiones discrecionales, el control interno, la rendición de cuentas, la profesionalización, y la desregulación. No caben la improvisación, la corrupción y el tráfico de influencias. La Federación y los estados deben acompañar este proceso, coadyuvando con su capacidad de Estado para superar y suplir las debilidades estructurales.
Es necesario trabajar en el respeto al Estado de derecho. La comunidad debe ser copartícipe del ejercicio de gobierno. Las universidades e iniciativa privada pueden coadyuvar en la alineación de la oferta de empleo a la demanda real. Los partidos políticos requieren asumir la responsabilidad de la designación de sus candidatos. La prevención del delito no puede ser meramente disuasiva y la investigación de los delitos debe ser eficaz.
Muchos de los postulantes en el pasado proceso electoral no sucumbieron ante la presión y seguramente por eso fueron blanco de ataques violentos, pero también habrá algunos que sí cedieron o que ya formaban parte de los grupos delincuenciales. No hagamos cierto lo afirmado por Glen D. VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, quién sostuvo que más del 30% del territorio es controlado por el crimen organizado. Cerrar los ojos sólo nos condena a más violencia, impunidad y muerte.
No permitamos que los ciudadanos de buena fe que quieren comprometerse y servir a nuestro país, tengan como única opción de vida ceder ante el crimen organizado. Nuestra nación es más importante que los resultados electorales, las parcelas políticas o los intereses de grupo. No cedamos México.