Más allá de los implicados

El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua en la que, lamentablemente perecieron 39 migrantes, constituye una evidencia irrefutable de las fallas por acción u omisión del Estado mexicano. En esta ocasión, nuevamente queda involucrado el sector privado, en su carácter de contratista del gobierno, específicamente una empresa de seguridad privada.

Los distintos niveles y órdenes de gobierno están obligados, por lo dispuesto en el artículo 134 de nuestra Constitución, a obtener las mejores condiciones de precio, financiamiento y oportunidad en los procesos de contratación pública, no sólo para garantizar un gasto eficiente y eficaz del presupuesto público, sino para que los bienes que se adquieran y los servicios, obras, arrendamientos que se contraten, sean de calidad.

Para poder contratar, es necesario tener claridad de las necesidades gubernamentales, así como de la forma en que se deben y se requieren satisfacer las mismas. Pareciera que no se cumplió en este caso, los videos que circulan en los distintos medios de comunicación así lo reflejan, el personal de seguridad por instrucciones, temor o ignorancia, salió huyendo del lugar sin prestar el auxilio requerido.

El análisis del contrato celebrado con la empresa de seguridad privada en el que se consignan sus obligaciones, así como los tramos de responsabilidad en la coordinación del servicio por parte de las autoridades, serán parte de las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República. Nuevamente esta instancia tiene la importante tarea de clarificar los hechos y vincular a proceso a los responsables. Tarea nada fácil por lo que implica el caso. Se juega nuevamente su legitimidad.

Pero más allá de lo que determiné la Fiscalía general, la tarea gubernamental no queda ahí, se debe hacer un ejercicio de revisión de las acciones desplegadas, tanto en lo relacionado con los procesos de contratación, así como en la revisión y funcionamiento del sector que integra a las empresas de seguridad privada, para corregir lo que se requiera y evitar más tragedias.

Las empresas de seguridad privada están reguladas por una ley específica, ahí se prevé que éstas serán auxiliares en la función de la seguridad pública, estableciendo los requisitos técnicos para su debido funcionamiento. Dicha normativa surge del esfuerzo para poner orden en un sector que en las últimas décadas creció en forma exponencial y al amparo en muchas ocasiones, de la corrupción y el tráfico de influencias para obtener los permisos correspondientes o evitar su revocación.

Lo cierto es que no se ha logrado estabilizar y controlar al sector, es frecuente identificar empresas operando sin permiso. Guardias improvisados sin capacitación, nula instrucción escolar, mal pagados y explotados. Procesos de reclutamiento y selección de personal con poco o ningún rigor de control de confianza. Directivos relacionados con exmandos policiacos con estructuras corporativas opacas. Poca especialización en el sector o en el medio en el que prestan sus servicios, etcétera.

Es aquí donde se tiene que trabajar en forma profunda. Más allá de los implicados, debemos voltear a corregir lo que se está haciendo, lo más grave es que lo acontecido no es susceptible que acontezca sólo en el sector público. Estamos en riesgo todos y es nuestra obligación coadyuvar en su solución. La academia y la sociedad civil deben sumarse al esfuerzo.