Lavado de dinero, nuevos nichos

Las organizaciones criminales mexicanas no son ajenas a los avances tecnológicos que experimenta el mundo día a día. La innovación, la tecnificación y la diversificación de sus operaciones representan parte de su estrategia de sobrevivencia y permanencia en los más de 50 países en los que despliegan actividades ilícitas.

En días pasados, la ONU, a través de su Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, señaló en su informe anual, que los cárteles de droga mexicanos están utilizando las llamadas bitcóin (criptomonedas) para blanquear sus ingresos ilícitos; operaciones que se aproximan ya a los 25 mil millones de dólares. Estas acciones de ocultamiento y movimiento de recursos las efectúan mediante estrategias de atomización de sus activos para eludir los controles legales sobre los montos mínimos, aprovechando el anonimato en las transacciones, su cobertura internacional y la velocidad tecnológica.

En México, a partir de 2018 existe un conjunto de normas pioneras a nivel internacional, tanto de carácter legal como secundarias, vinculadas al ahorro, el crédito y el control de activos virtuales como medio de pago, a través de la regulación de las entidades privadas enfocadas a dichas áreas, inclusive se prevé un marco sancionatorio penal y administrativo en caso de incumplimiento, lo cual, ante el citado informe, pareciera que ha sido insuficiente para contener al crimen organizado.

La evasión en el cumplimiento normativo por parte de los cárteles de la droga obliga a nuestras autoridades a revisar de manera urgente los montos y protocolos de control de pagos con efectivo para la compra de bitcóin. Pero más aun, ser más rigurosas en los procedimientos de autorización y supervisión de las entidades privadas responsables de las operaciones de activos virtuales para evitar que el crimen organizado las penetre, sin dejar de complementar el marco jurídico pendiente de instrumentar.

No es un tema que se resuelva sólo con una visión de control administrativo, jurídico, financiero y monetario, requiere, sin criminalizar la actividad, sumarle otras ramas de especialización del gobierno para garantizar la transparencia y la sanidad de sus operaciones, particularmente las relativas a las áreas de seguridad, el desarrollo de una cultura de legalidad y la necesaria participación ciudadana.

La ONU recomienda atender toda la cadena de valor desde la producción, hasta el blanqueo de capitales provenientes de la venta de estupefacientes, así como evitar que diversifiquen sus actividades los carteles de la droga, sobre todo en el sector financiero.

Es conveniente analizar y dar seguimiento a casos como el de El Salvador, donde se le dio carácter de moneda de curso legal al bitcóin, así como las consecuencias de su utilización para capitalizar a los países en conflicto bélico y desde luego, las medidas que están adoptando otras naciones.

No olvidemos que la operación con activos virtuales no respeta fronteras, de ahí la necesidad de la cooperación entre países, así como la atención puntual de las recomendaciones internacionales del GAFI en materia de lavado de dinero.

Estas actividades se concibieron en los años 80 y se potencian a partir de 2009 con el nacimiento del bitcóin. Son muchos años de rezago. Es el suelo fértil que siempre aprovecha la delincuencia organizada, no dejemos que encuentre en esta actividad otro espacio para su reproducción libre y plena.