La última falla
Se requiere de una reforma profunda al sistema de planeación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura pública de la Ciudad de México
El 3 de mayo, la Línea 12 del Metro colapsó, 26 personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas. La tarea de investigación, procuración e impartición de justicia en el ámbito administrativo, penal y político, representará para las autoridades un reto mayúsculo.
Como acontece en este tipo casos, los resultados que se obtengan dejarán satisfechos a algunos e inconformes a otros, de ello no debe preocuparse la autoridad, su mira debe enfocarse en aplicar en forma plena, íntegra y justa el régimen de responsabilidades que regula la actuación de servidores públicos y particulares en asuntos oficiales. El Congreso de la Unión y, más recientemente, los legisladores de la Ciudad de México dotaron a las instancias fiscalizadoras del andamiaje jurídico para combatir el abuso, la negligencia, la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, el actuar de las autoridades no debe quedar sólo en el castigo de los culpables, en la indemnización de los deudos o afectados y en la reparación de la infraestructura de la Ciudad de México. El trazo debe ser más profundo y de largo aliento, no debemos permitir que esto siga sucediendo una y otra vez.
Se requiere de una reforma profunda al sistema de planeación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura pública de la Ciudad de México. El diseño y confección de las obras públicas debe seguir un orden técnico, financiero y atemporal. La ejecución de las mismas requiere no sólo de la transparencia e imparcialidad del servicio público, sino de orden y supervisión permanente. El mantenimiento demanda trabajo técnico, pero también recursos oportunos y suficientes, aquí no caben los ahorros mal entendidos, sino el ejercicio racional y ordenado del gasto público.
Ya basta que en la planeación, ejecución y mantenimiento de las obras públicas siempre exista burocracia, ineficiencia, corrupción, sobreprecio y retrasos, entre otros males. Sólo los podremos desterrar si verdaderamente nos proponemos cambiar. Tenemos la experiencia, el conocimiento técnico, el liderazgo y el andamiaje institucional para lograrlo. Reconocemos avances, pero se requiere de firmeza y participación ciudadana para continuarlos.
Correspondería al Congreso de la Ciudad de México reformar las disposiciones jurídicas en materia de obra pública, así como las relacionadas con el ejercicio del gasto, entre muchas otras. Al gobierno, a través de sus dependencias y entidades, consolidar una eficiente gestión administrativa y financiera de las obras públicas. Y a la ciudadanía acompañar con el apoyo técnico e imparcial en su ejecución.
Pero todo ello de nada serviría si no logramos desterrar la corrupción e impunidad, por eso, el acompañamiento preventivo, la supresión en la toma de decisiones discrecionales, la revisión de los tramos de responsabilidad, el servicio de carrera y la transparencia en la rendición de cuentas son categorías ineludibles a la que están obligadas las personas públicas y privadas.
El Transporte Colectivo Metro constituyó un cambio de paradigma en la Ciudad de México. Apostamos a un proyecto que aparentemente era inalcanzable y lo transformamos en uno de los sistemas de movilidad ciudadana más seguros y amplios del mundo. Podemos regresar a esa posición de liderazgo institucional. Está sólo en nosotros el construir una verdadera política pública. Quizá sea la última falla que la ciudadanía dispense. No perdamos la oportunidad.