La nueva política pública judicial tarea por realizar

En los últimos días la atención pública se ha concentrado en los abogados electos por la ciudadanía que habrán de integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros cargos públicos, lo cual resulta de la mayor relevancia para el futuro de la impartición de justicia en nuestro país.

Cerrado este capítulo electoral, sólo restará esperar la nueva integración del Órgano de Administración Judicial, bajo las decisiones que tomen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de la SCJN, para que inicie una nueva etapa en la vida institucional de nuestro país a partir de septiembre del presente año.

Este espacio de tiempo es crucial, no es sólo para la ejecución de la transición burocrática. En éste, se debe trazar la nueva política pública judicial, particularmente en los temas relacionados con la administración, la carrera judicial y la disciplina, que constituyen los pilares para una adecuada impartición de justicia como lo mandata nuestra constitución y las convenciones internacionales.

La política pública judicial requiere principalmente dos niveles en su diseño e implementación, el primero, que podemos denominar macro: en el que se deben establecer los ejes principales sobre los que se desenvolverán las estrategias en materia de administración, carrera judicial y disciplina. La cohesión institucional, los equilibrios orgánicos, el respeto, la imparcialidad, la objetividad judicial, la justicia social, la visión de Estado, entre otros, deben ser los parámetros sobre las que se finque la nueva vida judicial. La coordinación entre los órganos directivos, será esencial para no caer en la barbarie y caos institucional por la ausencia o falta de claridad en las directrices, objetivos y metas.

El segundo de los niveles, que llamamos, micro: corresponde a los titulares de los juzgados y tribunales al momento de resolver. Éstos deben garantizar una justicia eficiente, eficaz, objetiva, imparcial, honesta y transparente. Es el compromiso de la mayoría al hacer campaña. La corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo, la simulación y el caos judicial son prácticas inaceptables que deben evitarse.

El diseño e implementación de la política pública judicial federal, debe permear entre otras instancias y operadores jurídicos: la defensoría de oficio, los abogados postulantes, la Fiscalía General de la República, los Poderes de la Unión, lo cual pudiera implicar reformas legislativas o reglamentarias adicionales, como sería el caso del régimen de responsabilidades penales y civiles relacionadas con los abogados postulantes, para evitar dilaciones o fraudes procesales o bien, la forma en que se deberían abreviar los tramites procesales para dictar sentencias en los tiempos legales.

La sociedad civil y la academia no son ajenas a esta reforma, deben participar activamente, mediante acciones que fortalezcan la cultura de la legalidad, principalmente encaminadas a los temas del combate a la corrupción, el ataque a la impunidad y el respeto a los derechos humanos.

Estamos en el inicio del cambio institucional planteado en la reforma constitucional y legal, nos corresponde actuar con responsabilidad. La justicia que demanda la ciudadanía es alcanzable, depende su resultado del auténtico compromiso cívico que despleguemos.