La necesaria sacudida de conciencia cívica

Hace unos días, durante el desarrollo de las conferencias mañaneras, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, delinearon los ejes sobre los que se asentará la política pública en materia de combate a la corrupción y la labor administrativa, precisando algunas acciones por alcanzar en los primeros cien días de gobierno.

Dicho anuncio no resulta menor. Es indiscutible que México requiere atender el problema de la corrupción, el cual no es un fenómeno exclusivo que permea en el gobierno, como se ha afirmado históricamente y, menos, que se circunscriba a determinados poderes, o instituciones, como pueden ser las de seguridad, las de procuración e impartición de justicia o las relacionadas con las compras gubernamentales y la prestación de los servicios públicos.

La corrupción va más allá, ha permeado en toda la sociedad, por lo que requerimos de una auténtica “sacudida de conciencia cívica”. Sólo así podremos revertir la caída al vació que representa la práctica cotidiana de esta conducta lesiva. Es en este contexto que la propuesta gubernamental, sin abandonar los esfuerzos quizá rescatables ya emprendidos, contiene dos vertientes de trabajo, la primera, el fortalecimiento institucional, la segunda, la visión hacia la sociedad, las cuales, es de estimar, que son acordes a los compromisos internacionales que México adoptó en materia de combate a la corrupción con la OEA y la ONU.

El enfoque propuesto es de naturaleza esencialmente preventiva y correctiva, al plantear, entre otras acciones, la reorientación estratégica de los Órganos Internos de Control adscritos a las dependencias y entidades paraestatales, principalmente, para sacar el máximo provecho de esa infraestructura pública, la cual, en su mayoría, se centra en la investigación y sustanciación de los procedimientos disciplinarios, pero que, por falta de tiempo y recursos, el control interno de naturaleza esencialmente preventiva, se ejecuta de forma subsidiaria, principalmente mediante la práctica de auditorías financieras y de desempeño, mediante las cuales se definen las áreas de oportunidad por corregir en los entes auditados.

Destaca en la propuesta el necesario fortalecimiento del servicio civil y la modernización de la administración pública, rubros que requieren de una atención prioritaria al estar rezagados respecto a los nuevos tiempos que exige el combate a la corrupción. Así como, también, se aborda la problemática de la impunidad y la debilidad institucional para garantizar que la denuncia ciudadana sea efectiva.

Quizá para ciertos sectores especializados la propuesta sea más de lo mismo que se ha dicho sobre el tema, para otros, con una visión más receptiva, afirmarán que se requiere de una mayor explicación para calificar su idoneidad. Lo cierto es, y debe reconocerse, que el gobierno federal está poniendo el tema en el escenario público y, como toda propuesta, requerirá de tiempo y profundidad en su implementación, la cual no sólo será orgánica y administrativa, sino principalmente jurídica, espacio en el que verdaderamente se detallará su alcance y tiempo para que permee en el espacio social.

Estoy convencido que la única forma de enfrentar los problemas es partir de su aceptación, por ello, reconozco que el paso que da el gobierno federal ojalá se traduzca en la “sacudida de conciencia cívica” que necesitamos.