La familia, ¿base social del crimen organizado?

Hace unos días, la titular de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Anne Milgram, manifestó en su comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen influencia operativa en gran parte de nuestro país: 19 y 21 entidades federativas, respectivamente. Asimismo, que agrupan a cerca de 45 mil delincuentes en más de 100 países.

Estos datos oficiales, no sólo confirman que el negocio del narcotráfico se expandió y que es un problema trasnacional, sino que también apuntan a responsabilizar, principalmente, a nuestro país por lo que está sucediendo. Es innegable que debemos asumir parte de esa responsabilidad por nuestras acciones u omisiones institucionales, pasadas y presentes. Otros países deberán tomar la que les corresponda.

Pero más importante que lo señalado por la funcionaria norteamericana, es la declaración expresada por el Presidente de la República con relación a los hechos suscitados en Chilpancingo, Guerrero: la delincuencia organizada en algunos lugares cuenta con una base social que la protege. En Estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa existe, se documenta en el Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.

La presencia del crimen organizado en distintas comunidades de nuestro país es un fenómeno ya presente de mucho tiempo atrás. No es de sorprendernos que numerosas comunidades campesinas viven de la siembra de la amapola y que, incluso se reconoce a la mariguana como su principal fuente de ingresos y supervivencia. También en las ciudades existen zonas en las que se acepta y tolera el liderazgo de los jefes delincuenciales, inclusive se les otorga estatus social. La presencia de la autoridad en esas zonas es prácticamente impensable. Sólo se reconoce una ley ante las pocas o nulas opciones económicas y sociales, la patrocinada por la delincuencia, con un fuerte componente de violencia, coacción y amenaza.

Lo grave de ello, es que normalicemos que el crimen organizado tiene presencia pública; actividad económica, política y social, que no exista poder público suficientemente capaz de enfrentarlo con eficacia y eficiencia. No es un tema sólo inherente a las acciones tradicionales de prevención, procuración e impartición de justicia, es un fenómeno que requiere una atención permanente, transversal e integral, cuyo tratamiento tenga un real basamento económico, sociológico y educativo.

Se tiene que rescatar a la familia como centro básico de convivencia social y particularmente a las niñas, niños y adolescentes. El número de menores involucrados en actividades delictivas va en ascenso; informes oficiales de la CNDH y de la CIDH dan cuenta de un promedio de 30 mil. Realizan funciones de carácter laboral con el crimen organizado, no sólo son informantes, halcones, mulas, vendedores de droga, sino que también participan en acciones delictivas de mayor escala relacionadas con la violencia y las armas.

El involucramiento de la familia en la delincuencia constituye una de las fuentes de las que se nutre el basamento social que ahora se reconoce. Esfuerzos para mitigarlo existen, pero no son suficientes. La legitimación del crimen organizado es nuestra verdadera amenaza pública, no la rivalidad y enfrentamiento político entre contendientes electorales, esto es sólo transitorio y coyuntural.