Justificar lo injustificable

El mismo guion policial.

El involucramiento de la policía en hechos aparentemente poco claros, en los que lamentablemente pierden la vida ciudadanos cuya actividad cotidiana no se encuentra vinculada a la delincuencia, es ya una constante. Los acontecimientos de Iguala y la muerte del joven actor Octavio Ocaña, en el municipio de Cuautitlán Izcalli después de una persecución policiaca, retratan de cuerpo entero, la descomposición institucional y de legitimidad en que viven nuestras autoridades.

La seguridad pública municipal se caracteriza por ser de proximidad ciudadana, su contacto cotidiano no sólo se circunscribe a las labores de investigación para la prevención delictiva, sino que se insertan en un marco de actuación más amplio, el de la civilidad, al desempeñar tareas de tránsito, protección civil, resguardo de instalaciones y calles, educación vial y de asistencia médica inclusive. Mal haríamos en sostener que en todas ellas se ha fallado.

Las tareas policiales de tránsito y prevención del delito son las que presentan las peores evaluaciones. En la encuesta de “Victimización y Percepción”, sobre Seguridad Pública 2021, coordinada por el Inegi, los resultados confirman que las policías municipales son las más corruptas y en las que menos confía la población.

Los gobiernos municipales, lejos de enfrentar el problema, renunciaron a su responsabilidad oficial de proteger y orientar a la ciudadanía en un marco de civilidad, apostaron por la simulación. El cumplimiento de su deber se acompañaba de la extorsión, la dádiva, la arbitrariedad y la discrecionalidad. La impunidad y la corrupción se arraigó. Los grupos criminales vinculados al narcomenudeo se asentaron y llenaron los espacios de proximidad ciudadana connaturales a la policía.

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y en el sistema penal obligaron a las instituciones policiales a canalizar sus esfuerzos a estos temas, omitiendo que ya arrastraban algunas fallas estructurales que se traducían en la falta de confianza ciudadana. Los programas de dignificación policial, capacitación, equipamiento, modernización y control de confianza no eran suficientes para revertir esta problemática.

La reconfiguración de las Unidades de Asuntos Internos de las policías han sido la respuesta que otros países han dado ante las crisis de legitimidad institucional. El eje del cambio se centra en la participación de la sociedad, todo lo contrario, a la estrategia por la que optaron nuestras autoridades municipales. A la ciudadanía se le involucra en la vigilancia y supervisión policial, bajo diversos esquemas que garantizan una intervención real, con niveles de seguridad, autonomía y confidencialidad en su actuación. La transparencia y rendición de cuentas son parte de los principios que deben regir.

Estas áreas dejan de asumir un rol estrictamente correctivo y sancionatorio. El énfasis radica en la prevención y en el control interno. Los programas de auditoría se enfocan en la mejora de la institución. La información de inteligencia que se produce, se utiliza para conducir programas de transformación, inhibir redes de complicidad y combatir la corrupción.

No sirven de nada declaraciones oficiales que ordenan investigaciones y anuncian sanciones. Es el “guion policial” que hemos escuchado siempre para justificar lo injustificable. Cambiemos para bien, nuestra población lo necesita.