Impunidad, hacia la pérdida del Estado derecho

Los delitos cometidos en agravió de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos son representativos del grado de impunidad que existe en nuestro país. Sus perpetradores saben que las instancias de seguridad y procuración de justicia difícilmente los atraparán. Si son pocos o nulos los resultados en los casos emblemáticos, ¿qué puede esperar el pueblo, que clama seguridad y justicia?

Los familiares de Digna Ochoa tardaron 20 años en lograr la reapertura de la investigación ministerial con motivo de su muerte. Tuvieron la suerte de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y alcanzar justicia a través de su órgano especializado, no todos tienen esa posibilidad jurídica y material.

Sólo el año pasado la incidencia delictiva cerró con 2,044,122 delitos denunciados, de acuerdo con la información publicada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cualquier esfuerzo institucional de procuración e impartición de justicia, federal o estatal, por muy eficiente que sea, no es representativo ante estas cifras públicas. Basta ver el número escaso de carpetas judicializadas y, de ellas, las pocas que alcanzan sentencia. Imaginemos si sumamos lo no denunciado.

Ante esta realidad abrumadora, es claro que el trabajo de las fiscalías y procuradurías debe replantearse. No sólo se encuentran rebasadas por los escasos recursos humanos y materiales, sino por las fallas estructurales que no han podido desterrar, tales como la corrupción, la improvisación y el abuso de poder. Sus tareas sustantivas ante el nuevo sistema penal acusatorio adversarial requieren de una mayor capacitación y un cambio en la forma en que se investiga y se prueban los hechos. Ya son varios años de su vigencia y todavía existen errores procedimentales básicos que no debieran presentarse, por técnica y por experiencia.

Pero no toda la responsabilidad es de las instancias ministeriales, se requiere disminuir el número de delitos que se cometen, y para ello es necesario que la policía preventiva se comprometa y despliegue realmente un trabajo de campo eficaz y eficiente. La información de inteligencia para la prevención delictiva se logra cuando existe contacto ciudadano, sólo así se puede desarticular de raíz a las bandas criminales ordinarias y aquellas que sirven a la delincuencia organizada.

El despliegue territorial del personal de seguridad, si no es acompañado de una estrategia real para el combate a la delincuencia, sólo tiene efectos disuasivos temporales, en el mejor de los casos. El cambio de imagen de la policía mediante nuevos uniformes y patrullas no es la solución. Estas acciones las hemos visto mucho, sólo incrementa el gasto público y sirve para llenar los espacios de difusión política de la acción gubernamental. Los policías están más preocupados por el moche o la dádiva que por cumplir con su responsabilidad pública. No quieren actuar, creen que es la mejor forma de no quedar involucrados en una posterior investigación en la que se cuestione su participación por corrupción, impericia o abuso de poder. La simulación, sumada al abandono administrativo y de formación, acarrea día a día más impunidad.

Desde luego, algunas instancias gubernamentales han caminado en este sentido, no podemos negarlo, pero los resultados son negativos. No es un problema que tenga solución a corto plazo, tampoco que se resuelva a través de discursos o acciones de coyuntura para ocultar culpas y responsables. Su atención requiere imaginación, pero sobre todo compromiso de todos los actores, incluyendo a la ciudadanía en su deber de respeto cívico y legal. Iniciamos un año lleno de acontecimientos turbulentos; el descubrimiento de un menor en un penal de Puebla, la muerte de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, periodista y fotógrafo, respectivamente, en Tijuana, los cuerpos colgados en Zacatecas y las balaceras en Cancún. Seguramente en los próximos meses vendrán nuevos acontecimientos que harán que se olviden los anteriores y lamentablemente sólo sumarán para efectos de estadística. Ésta es nuestra realidad, es una historia contada muchas veces.

México requiere replantear su estrategia de seguridad y justicia. De no hacerlo, la impunidad será el camino que estemos trazando para la pérdida del Estado de derecho. En nosotros está evitarlo.