Estrategia de seguridad, ¿el hilo negro que está por descubrirse?

Durante el desenvolvimiento de los actuales procesos electorales, las candidatas y candidatos a los diversos cargos de elección popular han anunciado estrategias o planes de acción que contienen un número importante de propuestas relacionadas con los graves problemas de la violencia, la inseguridad y el crimen organizado.

Estas constituyen, en su mayoría, un catálogo de acciones que guardan en cierto sentido gran coincidencia entre sí, por ejemplo: la atención de las causas, la obligación de mejorar la coordinación interinstitucional, la profesionalización de las policías y fiscalías, el combate a la impunidad, la distribución de los recursos, el equipamiento, la mejora salarial y la utilización de tecnología con fines de inteligencia criminal.

Todas ellas comparten un común denominador: el reconocimiento de un problema real que requiere atención y esfuerzo inmediato. Por ello, es conveniente que independientemente de quienes sean las ganadoras o ganadores de las distintas elecciones, exista la sinergia necesaria para sumar puntos de vista, opiniones especializadas y experiencias para conformar una auténtica estrategia de seguridad, que posea en su confección, la cohesión y legitimación necesaria para enfrentar al crimen bajo el mismo frente común.

En este contexto, y a fin de sumar a esta causa, resulta conveniente referirnos algunos aspectos que parecieran que, por obvios, no fueron tomados en cuenta en ciertos planteamientos proselitistas o sólo se efectuaron referencias genéricas, pero que, a mi juicio, pudieran resultar orientadores para integrar la tan pretendida política criminal para los próximos años.

En la elaboración del diagnóstico se debe clarificar con rigor técnico-jurídico que los fenómenos de la violencia, la inseguridad y el crimen organizado, transitan por tres dimensiones en función a los riesgos y amenazas que representan para la seguridad: pública, la interior y la nacional, por lo que en función de las mismas se determina el tipo de autoridades responsables en su atención ya sean federales, estatales o municipales.

A efecto de delimitar con claridad esas competencias y responsabilidades, es conveniente precisar la distinción entre las tareas a cargo del Estado en materia de prevención e investigación, procuración e impartición de justicia y finalmente, reinserción social. Ámbitos en los que la trazabilidad de los temas transita e impacta no sólo a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios, sino que también involucra a los Poderes de la Unión, así como a todos los sectores de la sociedad.

No podrían dejarse de considerar algunas acciones de carácter paralelo, relacionadas con la seguridad, como son las vinculadas al combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, la actualización normativa, la salud, la justicia cívica y el fortalecimiento del municipio como órgano de primer contacto.

El país lleva años discutiendo sobre el problema de la seguridad. Se han instrumentado todo tipo de políticas gubernamentales que lejos de controlar el fenómeno de la delincuencia y disminuirlo, pareciera que lo empeoran día con día. No existen soluciones mágicas ni todavía está por inventarse el hilo negro. Reconozcamos lo que ha funcionado, fortalezcamos lo bueno y desechemos lo malo. La seguridad es un derecho fundamental, en todos está la posibilidad de hacerlo efectivo.