Empezar el 2023, Bad Bunny
La solución debe partir de una concepción preventiva.
En días pasados el famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny como parte de su gira mundial dio varios conciertos en el Estadio Azteca, Ciudad de México. El primero de ellos, resultó un desastre de asistencia. La causa, según las autoridades federales y la empresa Ticketmaster, fue la falla en la transmisión de la señal para que operara el sistema electrónico de verificación del boletaje. Ante miles de quejas de los compradores, se concluyó con el inicio del procedimiento de devolución de lo invertido por los consumidores, la aplicación de penas convencionales y la determinación de sanciones.
La compra-venta de boletos para espectáculos en vivo en nuestro país se encuentra literalmente “secuestrada”. Prácticamente, no existe posibilidad real de adquirir un boleto por las vías tradicionales “taquillas físicas o electrónicas” para eventos relevantes. La única forma es acudir a empresas especializadas que cobran altas comisiones por sus servicios o ser tarjetahabiente de alguna institución bancaria patrocinadora del evento, que en muchos casos tampoco satisfacen la demanda, lo que orilla a miles de jóvenes y adultos acudir a la clandestinidad de la reventa “no legal”, siendo víctimas de bandas de extorsionadores y falsificadores profesionales.
La problemática es compleja, lleva años sin resolverse y pareciera que no tiene solución. Lo cierto es que todos sabemos de ella y nada se hace sobre el particular, sólo quejarnos después de cada evento, sabiendo que no habrá cambio alguno. De ahí, la coyuntura que tienen las autoridades de los tres niveles de gobierno para atenderla, junto con los empresarios, organizadores, intermediarios y la sociedad civil. De no hacerlo, seguramente seremos en los próximos años una “plaza” vetada como destino de los mejores espectáculos culturales, artísticos y deportivos del mundo.
Es claro que alrededor de este fenómeno existe una cadena de intereses legítimos, pero también ilegítimos que se benefician de la necesidad del consumidor. Desde luego, como en todo, pagan justos por pecadores, existen prestadores de servicios serios y profesionales, pero lo acontecido en el Estadio Azteca es sólo un botón de la debilidad civil e institucional que padecemos.
La solución debe partir de una concepción preventiva, no sólo actuar como consecuencia de la denuncia o querella formal que haga el consumidor ante las diversas instancias gubernamentales. Ello implica, revisar toda la cadena económica, un diagnóstico real es lo único que garantizará el éxito de la encomienda. Se tendrá que delimitar competencias, responsables gubernamentales y no gubernamentales, fortalecer las cadenas de distribución y servicios finales, realizar campañas de civilidad, revisar el marco jurídico, redefinir los procesos de autorización, combatir la piratería, entre muchas otras.
Ante la vulneración del esquema preventivo instrumentado, entonces sí, actuar en el ámbito coercitivo con firmeza. Para ello, es conveniente revisar los procedimientos de verificación y supervisión administrativa, las infracciones y delitos, las sanciones y penas, las competencias federales, estatales y municipales, etcétera.
En fin, es mucho lo que se tiene por hacer y el 2023 es un buen momento para empezar. La coyuntura del fenómeno Bad Bunny nos impone la obligación de cambiar para bien de nosotros mismos. Feliz Año.