El vapor legislativo

El final de los periodos legislativos ordinarios se ha caracterizado por largas e intensas jornadas de trabajo, ya sea porque se requiere cumplir con los plazos que la Constitución impone o por la necesidad de legislar sobre un tema de atención prioritaria que responde a su naturaleza política, social o económica. No es un fenómeno atribuible al presente, es un mal en el quehacer parlamentario de mucho tiempo atrás, justificable para algunos dentro de la estrategia política de tiempos y movimientos.

En estas coyunturas se inscriben los debates, mismos que en muchas ocasiones llegan al encono y descalificación personal. La discusión técnica se hace a un lado y se privilegia el ánimo contestatario distrayendo a los legisladores de su principal responsabilidad que es legislar. La “sospecha”, las “bolas rápidas”, y el “trueque”, son factores que se suman al difícil ambiente parlamentario.

El resultado legislativo es difícil de evaluar objetivamente de primera mano, se desconoce realmente al momento de la clausura del periodo de sesiones, si lo aprobado gozó del rigor técnico o sólo respondió al vapor legislativo de dar un resultado legítimo o no. Ante este vacío, las descalificaciones de la sociedad no se hacen esperar.

Ejemplo de ello es el conjunto de normas que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y remitidas al Senado con el carácter de urgente para su discusión y aprobación inmediata, mismas que conforman un paquete parlamentario relevante al contener temas vinculados a la eficiencia y eficacia del gobierno, a la racionalidad del presupuesto, a la política pública relacionada con la producción y distribución de drogas sintéticas, a la extinción de algunos órganos administrativos, o a la opacidad y rendición de cuentas.

Nuestros legisladores deben hacer un alto y revisar con toda objetividad, sobre si esta forma de trabajo responde a los estándares de la alta responsabilidad que les confirió la Constitución y la sociedad, si es necesario modificar la ley del Congreso, los reglamentos correspondientes que regulan el funcionamiento de las dos cámaras, la definición de mejores prácticas parlamentarias o sólo se requiere de una adecuada política de comunicación para que la población conozca con toda claridad y transparencia de su trabajo. Urgencias y prioridades siempre las habrá, pero no hagamos de ellas una práctica cotidiana.

No se está proponiendo que se suprima o de restrinja el debate legislativo o se limite la libertad de Diputados o Senadores para presentar iniciativas, subir a tribuna y fijar la posición que corresponda de acuerdo  con las circunstancias del caso. Creemos que se puede lograr un mejor desempeño sin perder la esencia, riqueza y diversidad de ideas que distingue al Congreso de la Unión.

También corresponde a los otros Poderes, órganos constitucionales autónomos, entidades federativas, municipios, academia y sociedad civil coadyuvar en el ámbito de sus competencias. No sólo es una tarea atribuible a los Diputados y Senadores la pertinencia de presentar una iniciativa, el análisis del contenido de la propuesta, la observación de los mandamientos judiciales, constituyen parte del desenvolvimiento y responsabilidad legislativa.

El vapor legislativo no es una buena práctica parlamentaria. Traiciona el espíritu democrático y uno de los más altos privilegios que tiene un funcionario al servir a su nación: “hacer sus leyes”.