El formato no es el adecuado

Se debe cambiar el método de rendición de cuentas.

La seguridad pública representa para el Estado mexicano el desafío estructural más importante de los últimos cincuenta años. Efectuar una evaluación de las acciones instrumentadas por la actual administración federal, requiere de seriedad y de un absoluto profesionalismo, para reconocer con objetividad los avances y pendientes de la estrategia gubernamental.

En días pasados, compareció ante el Senado de la República el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con motivo de la glosa del Primer Informe de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Ejercicio de rendición de cuentas de carácter obligatorio por disposición constitucional.

Enfatizó los avances de su administración. Habló sobre la importancia de la coordinación entre autoridades. Subrayó que ya existen resultados positivos, como la disminución en el número de homicidios dolosos, en los secuestros y en el robo de vehículos. Se refirió al desmantelamiento del crimen organizado y a la cooperación internacional. Reconoció la continuidad en la comisión de otros ilícitos con presencia significativa, como las extorsiones, precisando que existen avances en casos de alto impacto.

La oposición aceptó algunos avances, no sin señalar que falta mucho por hacer. Sostuvo que no existe un cambio de estrategia en el combate a la inseguridad, sino sólo de una modulación de la misma que se venía instrumentando en el sexenio pasado. Se refirió a casos emblemáticos de homicidios, a la opacidad de los datos estadísticos, al incremento del robo en carreteras y al abandono de las policías municipales.

Son dos visiones diferentes de la misma problemática de inseguridad, sin embargo, se identifican rasgos que las unen y marcan algunas coincidencias relevantes, no sólo por lo que se afirmó durante el evento oficial, sino por el despliegue de estrategias gubernamentales similares en momentos y localidades distintas, marcadas en el énfasis de la coordinación, la presencia de la fuerza armada permanente, el fortalecimiento de los esquemas de investigación y la cooperación internacional.

Las acciones en materia de seguridad son coincidentes porque constituyen la base de cualquier política pública de seguridad, pero los enfoques para instrumentarlas han sido claramente distintos. Inclusive los excesos o abusos en los mismos marcan la diferencia, como fue el caso del uso abusivo y desmedido del Ejército y la Armada de México en la famosa guerra contra el narcotráfico, el desmantelamiento de las capacidades de investigación, la penetración del crimen organizado en los mandos policiales, entre muchas otras.

El resultado de este ejercicio constitucional es parcial, su formato acartonado y rígido no permiten profundizar adecuadamente en una correcta evaluación de tareas frente a resultados. Una evaluación apropiada tendría que dimensionar que la tarea de la seguridad pública no es sólo de carácter federal, sino estatal y municipal, con la participación de los poderes y órganos constitucionales autónomos. De ahí que lo que se afirme en estos foros debe tomarse con su justa dimensión.

Es necesario cambiar el método de rendición de cuentas. Las comparecencias se han convertido en espacios de interés político y no de reflexión técnica. Ello en nada abona al ejercicio democrático y al fortalecimiento institucional. Los legisladores tienen las capacidades necesarias para darle sentido. Apostemos a ello.

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