El Ejército a juicio

Las Fuerzas Armadas y, en particular, el Ejército mexicano, están enfrentando, quizás, la batalla más difícil de que se tenga memoria en los últimos 50 años. No representa una lucha armada en la que despliegue sus capacidades y habilidades estratégicas y operativas frente al enemigo, sino que, por el contrario, el campo de confrontación se ubica en el debate político sobre el ejercicio de gobierno.

Este debate no corresponde darlo a las Fuerzas Armadas, es un espacio bajo la responsabilidad institucional de otras instancias gubernamentales. El hacerlo sólo generaría enconos y enfrentamientos que a nada llevarían, afectaría gravemente la estabilidad nacional y provocaría la división entre los mexicanos. El mandato militar se consigna en nuestra Constitución general, no nos confundamos.

La alta burocracia por años le ha fallado al país, la corrupción, la improvisación y el tráfico de influencias, entre otras causas, han trastocado la confianza de la ciudadanía. Sólo algunas instituciones, entre ellas las castrenses, por su disciplina y lealtad, transmiten certeza, legitimidad y liderazgo, así lo documentan las encuestas elaboradas por el Inegi y por los organismos especializados de la sociedad civil, de ahí la necesidad de utilizarlas en tareas que les son ajenas a su esencia y que por necesidad se asumen, sin que esto deba representar el caer en un uso exagerado, permanente e injustificado.

Los detractores de la incorporación de las Fuerzas Armadas a tareas de naturaleza diversas a las militares, argumentan desde violaciones constitucionales, hasta falta de capacidad e improvisación, pasando inclusive por señalamientos de corrupción y fraude a la ley. Afirmaciones que están cargadas de un interés perverso y maligno que sólo refleja la falta de compromiso institucional. En el mejor de los casos, representa una visión genérica, superficial y bizarra de los que son los institutos castrenses.

No en todas las tareas públicas es idónea y deseable la presencia militar, algunas responsabilidades requieren para su desenvolvimiento de una formación profesional distinta. Las Fuerzas Armadas no necesariamente tienen la experiencia y el conocimiento adecuado para desempeñar todas las encomiendas oficiales, pero esto no significa que no sepan, por ejemplo, administrar los recursos del Estado. La ciencia de la administración es universal y en ese campo, es indiscutible que los militares han demostrado eficiencia y eficacia.

Nuestras autoridades, con altura de miras, con un interés único en cumplir plenamente con su responsabilidad pública, deben rediseñar las instituciones que están fallando, trazar su desarrollo y darles viabilidad administrativa, es la forma adecuada para superar este falso debate y el juicio a las instancias castrenses. Se requiere verdaderamente de una reforma administrativa, real y oportuna.

El someter al Ejército a un falso juicio no es el camino que deseamos los ciudadanos. Apostar a ello, es sólo dinamitar el futuro del país.

RETOMANDO EL PASADO

En una entrega anterior, me referí a la renuncia del fiscal responsable de las investigaciones de los asesinados en Ayotzinapa, misma que se relacionaba con la judicialización de una carpeta de investigación en la que se imputaba la participación de algunos militares y civiles. Ahora se afirma, que ciertos datos de prueba pudieran adolecer de veracidad. Ojalá se llegue a la verdad por el bien de México y de todos los involucrados.