Desafíos y retos implementación de la estrategia de seguridad

En días pasados, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ante el Congreso de la Unión dos iniciativas de ley de suma importancia. Estas se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y, particularmente responden a dos de sus cuatro ejes vertebrales: el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación entre las instituciones de seguridad.

La primera iniciativa, denominada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, se enfoca en la concentración de información proveniente de la Federación, estados y municipios, así como de diversas instituciones especializadas que poseen y administran bases de datos de carácter estratégico, cuyo contenido es sensible para realizar trabajo de inteligencia policial, con el fin de obtener insumos útiles y oportunos para enfrentar a las organizaciones criminales, principalmente aquellas relacionadas con los delitos de alto impacto.

La segunda propuesta legislativa consiste en la abrogación y expedición de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo contenido se enfoca principalmente en la reconstrucción de las estructuras policiales, a partir del reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, intentando consolidar a las corporaciones del orden como instancias verdaderamente profesionales y confiables, que sepan responder a la ciudadanía y no a los intereses de las bandas delincuenciales.

De llegarse a aprobar estas iniciativas en los términos propuestos, el reto será su implementación legal y operativa. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como coordinador de la estrategia de seguridad, tendrá que lograr superar las resistencias y obstáculos que los diversos actores federales, estatales y municipales pondrán para materializar los nuevos contenidos legales.

Ya en el pasado, los intereses mezquinos y obscuros de algunos funcionarios y particulares hicieron de la coordinación en materia de seguridad el nicho para satisfacer sus agendas particulares, públicas y privadas; manifestándose en negocios, tráfico de influencias, desvió presupuestal, venta de información, clientelismos, condicionamientos y concentración de recursos, entre otros. Por ello, las instancias y ciudadanos genuinos, comprometidos con el país optaron por alejarse, así como por no colaborar, cerrando su información y prohibiendo la contaminación de sus organizaciones.

El gobierno federal tendrá que trabajar por una coordinación eficiente y eficaz, comprometida con la transparencia y rendición de cuentas, confiable, respetuosa de los derechos humanos y particularmente responsable en el manejo de la información pública y privada. Sólo así se podrá superar la inercia de la descoordinación y desconfianza que permea entre las instituciones al momento de trabajar para los fines de la seguridad.

El reto es mayúsculo, seguramente algunos afirmaran que el contenido de las iniciativas propuestas es similar a lo mucho que hace y desase el gobierno mexicano cada seis años. Pero lo cierto es, que las iniciativas poseen los contenidos necesarios para que las instancias de inteligencia y las corporaciones policiales puedan realmente hacer un trabajo que revierta el grave problema de la inseguridad en nuestro país. Reitero, la implementación es el verdadero reto.