Corrupción invencible

En las conferencias mañaneras que encabeza López Obrador se ha hecho referencia a la corrupción en 6 mil 588 ocasiones, según datos proporcionados por la consultora SPIN. Se cita a este fenómeno lesivo como la principal causa de la violencia, inclusive se le otorga la categoría de histórica.

El especialista Jorge Chabat refiere a la corrupción como un medio a través del cual la delincuencia organizada se relaciona con el Estado. A su vez, Peter Lusha afirma que la corrupción con fines criminales es progresiva al transitar por varias etapas: depredadora, parasitaria y simbiótica. México, en algunas de sus regiones, entidades federativas y municipios pudiera estar en la última etapa, la más delicada; las organizaciones delictivas trabajan en conjunto con el Estado y ambos se utilizan mutuamente.

• La interrogante es cómo romper esta relación perversa. Desde luego, esfuerzos han existido y los hay, pero no son suficientes. A nivel federal, criticable o no, el énfasis se puso en la militarización de los cuerpos policiales, se apuesta a la ética y confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones castrenses.

Los resultados son de todos conocidos. En el ámbito estatal las estrategias son dispares y volátiles. La violencia se asoma todos los días y la principal solución es el traslado de militares. La mezcla entre el crimen del fuero común y el federal pareciera ya irreconocible.

A nivel local, el Inegi publicó recientemente los resultados 2021 de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, misma que tiene entre otros objetivos generar estimaciones sobre la prevalencia de víctimas de actos de corrupción. Los datos son reveladores, 14 mil 701 ciudadanos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional han experimento un acto de corrupción, de éstos, la mayor parte se concentra en las tareas policiales. Lo cual confirma lo que ya se conocía, las policías municipales son las más corruptas y en las que menos confía la población.

Al ser la seguridad pública de proximidad ciudadana, su contacto permanente con la población facilita la corrupción, sobre todo cuando en los espacios de interrelación que se generan existen las condiciones idóneas para que ésta se presente. Policías y mandos proclives a la corrupción, frente a una ciudadanía sumisa, colaboradora, acostumbrada y obligada por las circunstancias.

Imaginemos qué pasa con los cárteles, que ejercen su poder corruptor en beneficio de sus intereses criminales. Se requiere de una estrategia anticorrupción bajo la óptica de la gobernanza democrática. No es suficiente la toma de decisiones unilaterales y coercitivas dirigidas a la policía, tampoco constituye una solución plena el reformar el marco cívico y penal para incrementar las sanciones o el fortalecimiento de los esquemas de control de confianza. Es necesario cambiar la relación del Estado con la ciudadanía haciéndola corresponsable de la corrupción y, por ende, de la seguridad pública, lo cual implica su participación en la toma de decisiones, en el seguimiento y en la evaluación. La cultura de la legalidad debe ser la bandera. Contra la delincuencia organizada tendrán que sobrevenir otras acciones.

La corrupción no puede ser parte de nuestra cotidianidad, el consentirlo implica reconocerle una categoría que no tiene: “invencible”. No lo permitamos, el respeto al Estado de derecho, debe ser el camino que debemos trazar en la actuación oficial y ciudadana.