Compras gubernamentales, reto jurídico y operativo

En el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, específicamente en los llamados Criterios de Política Económica, la SHCP refiere que las compras gubernamentales representan un aproximado del 11% del PIB, índice que se ha incrementado en los últimos años de forma considerable.

Los críticos de estos resultados, afirman que son el reflejo de la burocracia excesiva y centralizada que tenemos, misma que se traduce en ineficiencia y contracción de algunos sectores productivos. Contrario a ello, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha apostado por una política de inversión pública, manteniendo márgenes de alrededor del 13 por ciento.

Más allá de esta discusión sectaria, el Estado mexicano no ha logrado, a pesar de innumerables esfuerzos, consolidar un sistema de compras gubernamentales que responda plenamente a los principios previstos en el artículo 134 de nuestra Constitución. Desde luego, no podemos negar avances importantes, pero es claro, que se requiere de un ajuste mayor. El gobierno federal está en la atención de esta agenda. El Poder Judicial de la Federación, los órganos autónomos y las entidades federativas tendrán que darle prioridad.

El Inegi en su diagnóstico sobre contrataciones públicas señaló que cuatro de cada diez procesos licitatorios presentaban atrasos en su implementación y en la entrega de bienes, que más de 40% de las instituciones no utilizaban Compranet, que el contenido nacional de los productos adquiridos era de 52%, que los procedimientos de contratación arrojaron más de mil 200 observaciones formuladas por los órganos de fiscalización, y finalmente, que sólo 18% de los contratos adjudicados estaban relacionados con mipymes.

El pasado mes de abril se aprobó la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la que poco se habla a pesar de su importancia. El debate legislativo, desde luego, se concentró en temas como el centralismo, la discrecionalidad, la rendición de cuentas, los equilibrios institucionales y la necesidad de controles. Actualmente, corre el plazo para la expedición de la normatividad reglamentaria.

Los cambios normativos aprobados no son menores, se orientan a la atención de distintas problemáticas y retos. Por ejemplo, se endurece el régimen de contratación entre entidades públicas para evitar problemas como los relacionados con la llamada Estafa Maestra. Se suman nuevas figuras relacionadas con los procedimientos de contratación como el diálogo competitivo y la estrategia de negociación. Se fortalecen las reglas y órganos participantes en las compras consolidadas. Se consideran las temáticas relacionadas con el contenido nacional de los bienes y la participación de mipymes, así como también se pronuncia sobre la modernización de la infraestructura informática y digital.

Todo ello, debe traducirse en una mejora en la gestión pública: más eficiente y eficaz, menos discrecional; transparente, con plena rendición de cuentas y una participación ciudadana oportuna, sólida y comprometida.

El gobierno federal tiene en sus manos la confección técnica de la norma reglamentaria. Es la tijera y el hilo que le darán sentido a la norma aprobada por el Poder Legislativo. El reto no es menor, los temas son complejos, requieren de capacidad e imaginación jurídica y operativa. Se tiene la experiencia y el conocimiento para hacer un buen trabajo. Confiemos.